La periodista Miryam Vargas Teutle de Cholollan Radio denunció que sufre de violencia, luego de hacer pública una denuncia ciudadana sobre un presunto despojo de terrenos en Tlaxcalancingo. Desde el primero de abril la comunicadora comenzó a sufrir este tipo de actos.
Artículo 19 documentó que, Miryam Vargas ha sido víctima de violencia en línea, en la cual, autoridades locales de San Bernardino Tlaxcalancingo emprendieron una campaña de desprestigio en redes sociales.
Esta campaña de desprestigio contra la periodista y defensora de derechos humanos busca desacreditar su trabajo, por medio de publicaciones que exponen sus fotografías.
Paralelamente, ha enfrentado acoso digital a través de WhatsApp, con presuntos mensajes de autoridades locales que exigen un “derecho de réplica” y el pago por uso de espacios en su programa de radio. Así mismo, la amenazan con cancelarlo si no cumple con estos requerimientos económicos.
La periodista también denunció la presencia de una patrulla estacionada en frente de su casa, que parece vigilarla constantemente.
Violencia contra periodista de Cholollan Radio comunitaria
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta que las periodistas indígenas y comunitarias enfrentan mayor violencia por su labor.
Factores como la discriminación de género y étnica, la visibilidad de su defensa por derechos indígenas, y la precariedad de medios comunitarios elevan su vulnerabilidad ante ataques estatales y privados.
El peligro aumenta en contextos donde defienden derechos territoriales o de mujeres indígenas. Como lo que sucede con la periodista que al denunciar el presunto despojo de tierras por parte del asesor jurídico de las autoridades locales y municipales de Tlaxcalancingo, iniciaron los hostigamientos.
Las autoridades de San Bernardino han exigido su derecho de réplica con base a lo establecido en el Artículo 6, de la Ley Reglamentaria de la Constitución Mexicana. Pero eso no implica que los solicitantes intimiden y violenten a la persona comunicadora, y menos haciendo uso de recursos públicos con este fin.
Artículo 19 apuntó también que la CIDH prohíbe restringir la libertad de expresión mediante mecanismos indirectos, como el control arbitrario de frecuencias de radio. Esta protección es fundamental para medios comunitarios e indígenas, cuyo acceso al espectro radioeléctrico no debe estar sujeto a condicionamientos ilegítimos.
En el caso de la periodista Miryam Vargas, estas acciones además vulneran los derechos de las mujeres indígenas a participar activamente en sus comunidades. La coerción contra medios indígenas silencia perspectivas esenciales para la diversidad informativa y la democracia.
Artículo 19 exige a las autoridades atender violencia contra periodista
Artículo 19 pide a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE Puebla), investigar de manera exhaustiva el ciberacoso contra Miryam Vargas Teutle, periodista comunitaria. Deben identificarse a los responsables, aplicar sanciones conforme a derecho y garantizar su protección integral contra toda forma de violencia digital.
Además instan a las autoridades de Tlaxcalancingo y San Andrés Cholula a cesar cualquier acción u omisión que restrinja el ejercicio periodístico de Vargas Teutle.
Cualquier intimidación, coerción o represalia por su labor informativa y defensa de derechos humanos será documentada y denunciada ante instancias nacionales e internacionales.
Y piden al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reforzar inmediatamente las medidas de seguridad para Miryam Vargas y su equipo en Cholollan Radio, conforme al Protocolo de Alerta Temprana.
Esto incluye protección física, digital y psicosocial, con enfoque intercultural por su condición de mujer indígena periodista.
