Durante un operativo conjunto de las tres órdenes de gobierno, fueron retiradas 17 cámaras de video colocadas de forma ilegal en postes de energía eléctrica, en el municipio de Amozoc. Este hecho se suma a las 337 cámaras retiradas en Puebla durante el mes de septiembre.
Dichos operativos forman parte de una estrategia de seguridad para la regulación del uso de dispositivos de vigilancia en la vía pública.
Hasta el mes de septiembre se tenía un registro de 337 cámaras ilegales retiradas en Puebla. A tan solo un mes, el municipio de Amozoc duplica la cantidad de cámaras ilegales previamente registradas.
Amozoc duplica en un mes el número de retiros
Lo anterior se debe a que, hasta septiembre, se tenía un registro de 17 cámaras, y ahora, en octubre, se suman otras 17 cámaras ilegales retiradas, dando un total de 34 dispositivos.
Lo anterior se debe a que, hasta septiembre, se tenía un registro de 17 cámaras, y ahora, en octubre, se suman otras 17 cámaras ilegales retiradas, dando un total de 34 dispositivos.
Las zonas con mayor número de cámaras ilegales retiradas son:
- Cuautlancingo: 90 dispositivos
- Tehuacán: 88
- Puebla capital: 61
- Amozoc: 34
- San Martín Texmelucan: 21
- Zacatlán: 14
- Ajalpan: 12
- Tepeaca: 11
- Xicotepec de Juárez: 9
- Teziutlán: 8
- Venustiano Carranza: 6
- Tecamachalco: 2
Las 17 cámaras ilegales retiradas en Amozoc no solo representan una cifra aislada: simbolizan el reto de mantener el monopolio legal de la vigilancia en el espacio público.
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¿Para qué servían estas cámaras ilegales?
Las autoridades califican a las cámaras como “parásitos”, ya que es el término con el que aluden a su naturaleza irregular: operan sin permiso, en infraestructura pública, pero con fines ocultos para grupos interesados.
Según la SSP, se sospecha que estos dispositivos eran utilizados por grupos delictivos para monitorear operaciones de las autoridades, tales como:
- Control de rutas
- Planificación delictiva
- Vigilancia de movimientos institucionales
Todos estos usos encajan con la denominación de “parásitos”: operan sin permiso, en infraestructura pública, pero con fines ocultos para grupos interesados.
La dependencia del estado de Puebla resaltó que se realizan labores de inteligencia para determinar la autoría y el propósito específico de cada cámara retirada.