Las comunidades originarias de San Mateo Ozolco, ubicadas en las faldas del Izta-Popo, no permitirán tala de árboles en dicha zona por parte de la familia Aizpuru; esto a pesar de las amenazas de que si no les permiten la continuación de la corta, destruirán las tuberías de agua aledañas.
El próximo martes 9 de diciembre, la asamblea del pueblo de Ozolco se reunirá con el objetivo central de acordar las medidas para proteger su bosque.
Este encuentro se da en un contexto de creciente tensión. El pasado 24 de noviembre, durante una reunión con la asamblea, se le advirtió al “señor Aizpuru” que su actividad de tala era ilegal.
El implicado argumentó que contaba con un permiso de aprovechamiento forestal, alegando que el bosque estaba viejo y con plaga.
Tras esta reunión, los pobladores denuncian que el “señor Aizpuru” los amenazó: si no le permitían cortar, el pueblo tendría que pagarle por “su” bosque.
Les dejó una copia de los permisos que otorgó Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que su analizaría el abogado de la asamblea.
De igual manera, acordaron suspender provisionalmente la tala hasta la verificación programada para el 9 de diciembre.
Ozolco organiza comité para vigilar bosque de Izta-Popo
Para resguardar el bosque, se designó un Comité de Vigilancia que, acompañado por personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), inspeccionó la zona en dos ocasiones.
Las observaciones de los integrantes de la comunidad de que ese bosque está sano, fueron contundentes:
- El corte no se ajusta al proyecto autorizado
- No existen árboles enfermos
- Se talan por igual ejemplares jóvenes y maduros
- Se están cortando árboles cerca del río (acción prohibida por la norma)
- No se sigue el proceso de selección establecido en el plan
Con estas evidencias, el Comité está gestionando una visita oficial de Profepa para detener formalmente este aprovechamiento indebido.
Sin embargo, una pobladora señaló que la tala sigue siendo ilegal, porque San Mateo Atzala es un pueblo indígena Nahua, oficialmente nombrado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Esta comunidad no autorizó ni acordó la tala.
Autoridades buscan que continúe la tala
Los pobladores señalaron que antes de la fecha pactada para la verificación, el viernes 5 de diciembre, la presidenta auxiliar, Jessica Santuario Popoca, citó a los comités para informarles que el señor Aizpuru le había manifestado que, si no aceptaban que continuara con la tala, destruiría la red de agua potable que atraviesa su propiedad.
Al día siguiente, domingo 7, la presidenta convocó una asamblea para plantear este ultimátum, dejar talar o quedarse sin agua, pero no se presentó.
Ante la gravedad de la amenaza y la ausencia de diálogo, la comunidad se reunirá nuevamente para deliberar y determinar el camino a seguir en la defensa de su territorio y su vital recurso hídrico.
