El cáncer es una enfermedad que se extiende entre la población sin distinción aparente de género, edad, origen étnico o clase. Según estadísticas del Inegi, el cáncer es la tercera causa de muerte en México, con casi 100 mil personas fallecidas al año. Se trata de un problema de salud pública cuyas causas deben ser investigadas y visibilizadas, así como combatidas con toda la fuerza de las ciencias, el Derecho y las instituciones del Estado.
Por supuesto, la enfermedad afecta significativamente la vida privada del individuo que enferma y los entornos sociales en los que se desenvuelve. De igual manera, los costos derivados de la enfermedad son inmensos para los pacientes y sus familias, lo mismo que para la sociedad en su conjunto, que absorbe los impactos de la enfermedad a través de los sistemas públicos de salud y seguridad social, además de los cuidados domésticos y comunitarios.
¿Cómo se vive el cáncer en México?
Del mismo tamaño es el negocio para los proveedores de insumos, prestadores de servicios privados y consorcios dueños de la propiedad intelectual que recae sobre los medicamentos, tratamientos y dispositivos médicos. Los pacientes suelen perder la vida luego de más largos o más cortos periodos de agonía. Si sobreviven, ellos y sus familias quedan mayormente empobrecidos y endeudados. Además, los sobrevivientes tienen que lidiar con las externalidades derivadas del tratamiento y no tienen garantía alguna de que sea la última vez que verán su suerte echada frente al cáncer.
La magnitud del problema debiese justificar por sí misma la necesidad de contar con una ley general para controlar el cáncer. En países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú cuentan con una “Ley General para la Atención del Cáncer”. En cambio, en México apenas encontramos algunas referencias en la Ley General de Salud.
Por ejemplo, conforme a dicho ordenamiento, “el diseño, la organización, coordinación y vigilancia del Registro Nacional de Cáncer” son actividades consideradas como la salubridad general, cuyo establecimiento, promoción y coordinación le corresponden a la Secretaría de Salud.
Retos legislativos en torno al cáncer en México
El Registro Nacional de Cáncer cuenta con un Reglamento. Adicionalmente, contamos con una Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, en vigor desde el 8 de enero de 2021. Esta Ley tiene por objetivo “establecer las medidas necesarias para la atención integral y universal de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer.” En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, está vigente la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, la cual establece “los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”.
Ahora bien, para controlar el cáncer se requiere atender las causas. Para ello, es necesario establecer derechos, obligaciones y responsabilidades por medio de una legislación integral, no sólo general. En el entendido de que una ley por sí misma, por más completa que sea, no transforma la realidad, pero sí es un elemento institucional y regulativo relevante para avanzar en la solución del problema en cuestión, pues se trata de una mediación práctica indispensable para establecer el marco de acción de los diversos sectores y sujetos involucrados.
Como quedó claro en el Conversatorio Legislativo para la Reforma del Cáncer, organizado el pasado 24 de junio por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la cuestión jurídica del cáncer no se agota en la fase de atención médica y hospitalaria ni puede reducirse a regular los problemas de propiedad intelectual relacionados con los medicamentos, como insisten las empresas de la industria farmacéutica, los laboratorios e intermediarios comerciales.
Urge una legislación integral
La cuestión jurídica del cáncer tampoco se limita a mejorar los procedimientos administrativos relativos a la adquisición de insumos, como valoran los burócratas responsables de las licitaciones, contrataciones y auditorías.
Una legislación integral que tenga como objetivo controlar el cáncer debe partir de las causas efectivas de la enfermedad. Indefectiblemente, las y los legisladores necesitan identificar y superar ciertos sesgos epistemológicos, de formación y profesionales que impelen al personal médico a relativizar las causas por tratarse de una enfermedad multifactorial o que inducen salidas fáciles y superficiales como alegar la condición genética, así como visiones unilaterales que terminan culpando a las víctimas por enfermarse o morir al ponerse en riesgo o provocar el daño.
Más bien, un legislador responsable debiese asumir una perspectiva de derechos humanos que no pierda de vista el carácter interdependiente de la salud, el ambiente, el trabajo, la alimentación y la vida digna, por ejemplo. En las causas del cáncer se conectan la salud ambiental y laboral con la exposición a materiales y sustancias peligrosas o la sujeción de las personas a situaciones de estrés prolongado, junto a la ingesta de productos dañinos o con residuos tóxicos y el consumo nocivo cotidiano de compuestos diversos.
Falta una perspectiva pública
Asimismo, sería fundamental que los órganos legislativos tuvieran acceso a información libre de conflictos de interés y garantizaran una participación plural y más incluyente de la sociedad, pues sólo así podrán legislar mejor informados sobre las distintas aristas del problema, lo cual además le dará mayor legitimidad a su trabajo.
Elevar la calidad de la atención médica y hospitalaria de los pacientes de cáncer, lo cual por supuesto es de gran relevancia, lamentablemente no va a detener el incremento de casos. Para ello es menester atacar las determinaciones materiales y sociales concretas de la enfermedad en el contexto mexicano de 40 años de neoliberalismo, desde una perspectiva pública de derechos humanos empíricamente informada que priorice el bienestar de la población por encima de los negocios y la generación de ganancias detrás de las causas ambientales, laborales, alimenticias y consuntivas en general que comprometen la salud de las y los mexicanos.
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