Cada 14 de noviembre el mundo conmemora el Día Mundial de la Diabetes, pero en México, más que una conmemoración, debería ser un llamado urgente a la acción. Nuestro país enfrenta una verdadera epidemia silenciosa, ya que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 la diabetes causó más de 112 mil muertes en el país y más de 14 millones de adultos mexicanos viven con la enfermedad, aunque se estima que aproximadamente la mitad lo desconoce. Adicionalmente a ello, millones viven con prediabetes. Detrás de esas cifras hay vidas truncadas, familias endeudadas y un sistema de salud al borde del colapso por un problema que, en gran medida, es prevenible.
La diabetes no solo es una enfermedad metabólica; es el reflejo de un modelo alimentario, económico y social. En las últimas décadas, el consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y harinas refinadas se ha disparado, una verdadera pandemia de edulcorantes como lo refiriera el gobernador de Puebla Alejandro Armenta; mientras la educación nutricional y el acceso a alimentos frescos siguen siendo privilegios de pocos. Las cifras lo confirman: México es el mayor consumidor per cápita de refrescos del mundo, y también uno de los países con mayores tasas de amputaciones, insuficiencia renal y ceguera derivadas de la diabetes tipo 2.
Diabetes en México, una epidemia silenciosa
Sin embargo, reducir el problema a “malos hábitos” es simplista y hasta injusto. La diabetes en México tiene raíces estructurales también. En muchas comunidades rurales, un litro de refresco cuesta menos que una botella de agua. En los entornos urbanos, los horarios laborales extenuantes y la falta de espacios seguros para hacer ejercicio condenan a millones al sedentarismo. Y mientras tanto, la publicidad de alimentos chatarra sigue dirigida a los niños, moldeando desde la infancia los patrones que más tarde derivarán en enfermedad.
El Estado mexicano ha avanzado, aunque aún hay importantes retos. El etiquetado frontal de advertencia en alimentos fue un paso importante, pero su impacto será limitado si no se acompaña de una política pública integral basada en: educación alimentaria desde la primaria, impuestos a los productos ultraprocesados, subsidios para frutas, verduras y granos locales, y una atención médica sobretodo, con un enfoque preventivo, ya que los costos para la atención de esta patología y problemas asociados, amenazan la solvencia de los sistemas de salud pública.
La diabetes es también un problema de justicia social. Quien tiene acceso a chequeos regulares, endocrinólogos, nutricionistas y medicamentos, puede controlar su enfermedad, quien no, enfrenta un deterioro físico, emocional y económico inevitable. En ese sentido, la lucha contra la diabetes debe ser entendida como una lucha por la equidad.
Un problema de justicia social
Hoy, en el Día Mundial de la Diabetes, el reto no es solo médico, es cultural, educativo y político. Necesitamos que el Estado asuma la prevención como una prioridad nacional y que la sociedad asuma su parte en un cambio de conciencia colectiva, comer mejor, moverse más y formar esa cultura de prevención, deberían ser ejes centrales. Porque mientras no haya un México donde la salud sea un derecho y no un privilegio, la diabetes seguirá siendo mucho más que una enfermedad: será el espejo de nuestras desigualdades.
Luis Eduardo Torres Molina, liberal poblano con raíces serranas. Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Administración de Empresas por la UDLAP. Preside la Sociedad de Defensores de la República Mexicana y sus Descendientes A.C., organización de carácter cultural. Es autor de obras como Breviario de Abadón (2013), La Transformación de la Sierra Poblana, a través de los ojos de un maestro liberal (2024), Breve Historia de la Masonería en el Estado de Puebla, siglo XIX (2025), entre otras. Además de coproductor del laureado documental Voces de la Sierra: Memorias del 5 de Mayo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión y divulgación cultural, siendo por ello, reconocido en agosto de 2023 por el Senado de la República y en septiembre de 2025 por el Gobierno del Estado de Puebla.
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