Los presuntos cómplices Javier López Zavala y también presuntos autores materiales por el feminicidio de Cecilia Monzón han intentado librar la justicia: primero, el abogado de Jair N, renunció por “diferencias”; y ahora, el nuevo abogado no tuvo “tiempo para analizar el caso”.
Lo que ocurre en el juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón no es un caso aislado, sino reflejo de una estrategia conocida: alargar los procesos para desgastar a las víctimas y a la sociedad. Las constantes postergaciones, como la reciente prórroga concedida bajo el argumento de que la defensa no ha estudiado el expediente, evidencian un uso perverso del derecho a la defensa. No se trata de garantizar un juicio justo, sino de manipular los tiempos para obstaculizar la justicia.
La indignación de la familia Monzón es legítima. Desde la primera audiencia ha quedado claro que los acusados, con el respaldo de estrategias legales cuestionables, apuestan a la demora como escudo. La renuncia del primer abogado de Jair N. por supuestas “diferencias irreconciliables” y ahora la incapacidad del nuevo defensor para revisar los siete tomos y once videos, son pretextos que bordean el abuso procesal.
Este caso expone la urgencia de una reforma profunda al sistema judicial. No basta con nombrar nuevos jueces o hablar de paridad de género en las instituciones. Se necesita voluntad para eliminar las prácticas dilatorias que sólo sirven a los intereses de los agresores. Cada aplazamiento es un agravio a la memoria de Cecilia y a la lucha contra la violencia feminicida.
La justicia diferida es justicia negada. Y en México, este tipo de estrategias ya no pueden ser toleradas.