La ley contra el ciberasedio despertó un debate importante para la sociedad poblana y mexicana dada la urgencia de atender, por un lado, las agresiones y violencias que se cometen mediante vías digitales y, por otro, el siempre necesario recordatorio de la importancia de respetar la libertad de expresión.
Durante la sesión nocturna que el pasado martes encabezó la presidenta del Congreso de Puebla, quedó claro que la intención jamás fue vulnerar el derecho de prensa ni cualquier otra garantía de la que gozamos los mexicanos y cuyo respaldo se encuentra en las leyes federales y tratados internacionales.
Sin embargo, la ley si despertó el temor de represión por parte de los medios de comunicación dada la vulnerabilidad en la que aún nos encontramos ante figuras de poder que se resisten al cambio del humanismo mexicano.
Para ello, solo hay que mencionar los casos que se presentaron en la sierra norte y en la mixteca poblana que, aunque puntuales, reflejan la vigencia de quienes creen que pueden silenciar las voces críticas. Del mismo modo, ejemplos sobran de quienes, aprovechando el anonimato de las redes sociales, agreden o acosan a otros ciudadanos.
Aún sin ser la intención de sus creadores, esta ley, tal y como está hoy establecida en el Código Penal del Estado de Puebla, puede utilizarse por otras figuras públicas (del ámbito político, social y artístico) para criminalizar las críticas o señalamientos a las que están expuestos.
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En ese sentido, para evitar cualquier uso ilegítimo o malinterpretación de la ley contra el ciberasedio, de los foros, análisis y consultas deberán emanar todas las adiciones necesarias que garanticen que no se utilizará para vulnerar la libertad de expresión de los periodistas y de cualquier usuario de medios digitales.
Del mismo modo, las víctimas de ciberasedio también necesitan una legislación que les garantice que la denuncia que presenten tendrá el seguimiento adecuado por parte de las autoridades de justicia y no se dejará a la interpretación del juzgador.
La certeza debe ser para todos los ciudadanos en cuanto a que no tendrémos que dudar en expresar libremente nuestras opiniones y argumentos por temor a enfrentar acusaciones o, incluso, procesos judiciales sin la debida justificación.
En suma, la nueva ley contra el ciberasedio que resulte del parlamento abierto debe dejar, por lo menos, bien definido cuándo sí y cuándo no se debe considerar que se comete este delito.