Editorial Ángulo 7
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Luego de la controversia entre Alejandro Armenta y el Grupo Proyecta, por la petición de dos hectáreas para construir casas para elementos de la Policía Estatal, una cosa quedó clara: a los empresarios se les incluirá, pero sin perjudicar a la sociedad.

La discusión en torno a la solicitud de terrenos por parte del gobierno estatal ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer una relación más equilibrada entre el sector público y los desarrolladores inmobiliarios. Sin cerrar la puerta al diálogo, el gobernador Alejandro Armenta ha subrayado que su administración busca el bienestar colectivo, particularmente de quienes se encargan de salvaguardar a la ciudadanía.

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El señalamiento hacia Grupo Proyecta por no ceder un terreno de dos hectáreas ha sido acompañado por el anuncio de que otras inmobiliarias sí han respondido positivamente al llamado, como Haras, que ya ofreció predios en Amozoc y Huejotzingo. Estas acciones han sido tomadas como muestra de colaboración solidaria por parte de empresarios que, según Armenta, reconocen su corresponsabilidad social.

Alejandro Armenta y Grupo Proyecta: apertura con inmobiliarias, pero con corresponsabilidad social

El proyecto contempla la construcción de 10 mil viviendas para elementos de seguridad, incluyendo bomberos, policía turística y guardia forestal. Se trata de un esfuerzo ambicioso que el gobierno estatal planea ejecutar de la mano con actores privados, en sintonía con las 40 mil acciones de vivienda anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estadios seguros

La postura del gobernador no busca excluir ni sancionar, sino establecer condiciones justas para quienes han obtenido beneficios en el desarrollo urbano de Puebla. La invitación es clara: sumar esfuerzos en beneficio del estado, con generosidad y visión de largo plazo. La colaboración público-privada, bien encauzada, puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los poblanos.