El 28 de mayo de 2019, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A/RES/73/296 titulada: “Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia”, que condena, de manera enérgica, la violencia y los actos de terrorismo dirigidos a los individuos sobre la base o en nombre de una religión o creencia, donde están incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas. La resolución expresamente manifestara lo siguiente:
“… Reafirmando los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
Seriamente preocupada por los actos de intolerancia y violencia motivados por la religión o las creencias que siguen cometiéndose contra las personas, incluidas las pertenecientes a comunidades y minorías religiosas de todo el mundo, y por el creciente número e intensidad de esos incidentes, que a menudo son de naturaleza delictiva y pueden tener características internacionales.
Recordando que los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías religiosas, como el derecho a profesar libremente su religión o sus creencias.
Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Violencia Religiosa
Reconociendo que el debate ideológico abierto, constructivo y respetuoso, así como el diálogo entre religiones, confesiones y culturas, a nivel local, nacional, regional e internacional, pueden desempeñar un papel positivo en la lucha contra el odio, la incitación y la violencia por motivos religiosos.
Reafirmando el papel positivo que el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el pleno respeto de la libertad de investigar, recibir y difundir informaciones puede desempeñar en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la intolerancia religiosa, y reafirmando además que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, conforme al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Poniendo de relieve que la libertad de religión o de creencias, la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de asociación son interdependientes, están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente, y destacando el papel que estos derechos pueden desempeñar en la lucha contra todas las formas de intolerancia y discriminación motivadas por la religión o las creencias; así como también que los Estados, las organizaciones regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, las entidades religiosas, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad civil tienen un importante papel en el fomento de la tolerancia y el respeto de la diversidad religiosa y cultural y en la promoción y la protección universales de los derechos humanos, incluida la libertad de religión o de creencias.
El terrorismo no debe vincularse a ninguna religión
Reconociendo la contribución positiva de los particulares y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil a la promoción del diálogo entre religiones y culturas, el entendimiento y la cultura de paz.
Observando la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y de otro tipo en la promoción del diálogo entre religiones y culturas; y también la labor que realiza la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas para promover el diálogo intercultural a este respecto.
Condenando enérgicamente los actos de violencia y terrorismo que siguen cometiéndose contra las personas, incluidas las pertenecientes a minorías religiosas, a causa o en nombre de la religión o las creencias, y subrayando la importancia de adoptar un enfoque preventivo integral e inclusivo de carácter comunitario que involucre a un amplio conjunto de instancias, como la sociedad civil y las comunidades religiosas,
Reafirmando su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas del terrorismo y del extremismo violento que conduce al terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, e independientemente de su motivación.
Reiterando que el terrorismo y el extremismo violento cuando conduce al terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, no pueden ni deben vincularse a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico,
No discriminación
Deplorando profundamente todos los actos de violencia cometidos contra las personas a causa de su religión o sus creencias, así como cualquier acto de este tipo dirigido contra sus hogares, empresas, propiedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, y todos los atentados cometidos en y contra lugares de culto, lugares sagrados y santuarios en contravención del derecho internacional,
Reconociendo que trabajar juntos para mejorar la aplicación de los regímenes jurídicos vigentes que protegen a las personas frente a la discriminación y los delitos de odio, aumentar las iniciativas interreligiosas, interconfesionales e interculturales, y ampliar la educación en materia de derechos humanos son primeros pasos importantes para combatir los incidentes de intolerancia, discriminación y violencia contra las personas motivados por la religión o las creencias; así como también la importancia de prestar a las víctimas de actos de violencia motivados por la religión o las creencias y a sus familiares apoyo y asistencia apropiados de conformidad con el derecho aplicable…”
En atención a lo anterior, la pregunta obligada es: ¿Qué estamos dispuestos a hacer como sociedad en nuestro país, México, donde la discriminación es un problema arraigado en la sociedad mexicana, con efectos negativos en la vida de las personas y en el acceso a sus derechos?
¿Qué sucede en México?
Debemos conocer y reconocer, que somos el puesto 33 de 146 países en el Índice Global de Brecha de Género 2024 y somos uno de los países con mayor inequidad laboral de género en América Latina, donde 6 de cada 100 personas que trabajan pertenecen al género femenino y muchas carecen de protección social, donde somos uno de los países más desiguales de América Latina, con profundas brechas en la distribución del ingreso, que se relacionan con la discriminación ética, de género y de lugar de residencia.
Nuestro Estado, Puebla ocupa el cuarto lugar en tener población indígena, donde la población rural es muy significativa, y que las diferencias entre lo rural y lo urbano son abismales, particularmente en la zona metropolitana de Puebla, así mismo somos el 2º. lugar en discriminación del País, identificando que la discriminación étnica y de clase, combinadas, pudiera ser una de las más graves y que la misma sociedad ha normalizado al verla, vivirla y generarla de manera cotidiana.
En 2022, según el documento del Consejo Estatal de Población (Coespo) “Panorama sociodemográfico de las religiones asentadas en el estado de Puebla”, nos ubicamos en primer lugar nacional con la más alta prevalencia de trato diferenciado por creencias; un 28.4% de habitantes aseguró vivir actos de discriminación y/o falta de respeto a sus creencias religiosas. Quienes no practican la religión católica, señalaron, en un 20.9%, que las diversas autoridades demuestran tener preferencia hacia el ciudadano que manifiesta ser católico.
¿Religión es intolerancia?
Lo anterior nos obliga, como autoridad y ciudadanos, a crear conciencia para aprender a respetar y ser tolerantes ante quienes no piensan como nosotros, por las diversas creencias e ideologías religiosas que profesen, sin distingos del país de origen. Quizá podríamos utilizar la etiqueta #libertadreligiosa, compartida junto con el presente artículo, para informarnos y contar con la base de una sociedad libre y justa.
Es necesaria y obligada una mayor participación de los diferentes niveles de gobierno para castigar a las personas que ejecutan actos de violencia en contra de las personas que profesan diferentes ideologías religiosas. Se puede convocar a las diversas organizaciones civiles y religiosas (iglesias, templos, escuelas, medios de comunicación, universidades, etcétera) para lograr un mayor compromiso para lograr un mayor nivel de civilidad en el estado y lo más importante es no ser omisos como sociedad, esperando que otro lo resuelva, urge la participación decidida de todas las personas que somos parte de la comunidad.
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