Con apoyo y supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y el Instituto Nacional Electoral (INE), mil 570 reos de Puebla emitieron su voto anticipado en prisión preventiva como parte de la jornada nacional realizada del 6 al 16 de mayo.
Durante esta jornada de voto anticipado participaron mil 418 hombres y 152 mujeres privadas de la libertad en 14 prisiones de la entidad. El sufragio corresponde a la elección de Presidencia de la Republica, por lo que estuvieron presentes observadores electorales y representantes de partidos políticos.
En este proceso participaron los centros de reinserción social estatales de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán y para Adultos Mayores. Así como los centros penitenciarios regionales de San Pedro Cholula, Huauchinango, Tehuacán, Tecamachalco, Teziutlán, Tecali de Herrera, Tetela de Ocampo, Tepeaca, Xicotepec de Juárez y Zacapoaxtla.
De acuerdo con el titular de SSP, Daniel Iván Cruz, tan solo en el penal de San Miguel, en Puebla, los electores sumaron 987 personas.
Jornada de voto anticipado en Puebla
Se trata de personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, que aún no reciben sentencia por el presunto delito que cometieron. Es decir, más de una cuarta parte del total de personas que se encuentran en prisión en el estado, que ascendió a 7 mil 554 reos en febrero de 2024.
Tras concluir la jornada, la documentación electoral estará resguardada por las juntas distritales hasta el 2 de junio de 2024. Este día, sus votos junto con los de los demás ciudadanos serán contabilizados inicialmente por el PREP.
Voto en Prisión Preventiva
Fue el primero de junio de 2018, cuando dos reos del Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, en Chiapas, impugnaron ante el tribunal electoral la omisión del INE de permitirles ejercer su derecho a votar. Pues, destacaron que al encontrarse recluidos sin haber sido condenadas a través de una sentencia, aún mantienen este derecho.
El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del tribunal confirmó que las personas en prisión que sin sentencia tienen derecho a votar. Esto, bajo el argumento de que se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia.
En ese sentido, ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021, para culminar en su implementación en este 2024.