Luego de que la candidata del PSI a la alcaldía de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, difundió en sus redes que viajó con su padre en una camioneta Lamborghini de 6 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a evitar “opulencia” durante la campaña electoral.
Desde Palacio Nacional, instó a los candidatos no estar de “presumidos” ni andar de “fantoches”, esto luego de que Ángulo 7 planteó el caso de la candidata el PSI, quien ahora en periodo de campaña viajó en el vehículo de lujo.
No puedo opinar nada, pero si llega un candidato con una camioneta, un coche, que vale cinco o seis millones de pesos, más en comunidades pobres, pues no va a ganar, no creo que la gente le apoye, no sé de qué partido ni quiero saberlo, ni quién es, indicó.
Ante la situación señaló que como servidores públicos no se puede tener este tipo de vehículos, pues “es un pecado social”, y más si está valuado en la cantidad mencionada.
Imagínense alguien que presume de un carro, no puedo decir las marcas porque qué culpa tienen las empresas automotrices, o un avión privado, o un yate o una mansión. Si es empresario puede hacerlo siempre y cuando, desde luego, sea una riqueza bien habida, no producto de la corrupción, pero un servidor público cómo, señaló.
Al tiempo de indicar que si se quiere presumir este tipo de bienes está bien, pero que mejor se dediquen a otra cosa y no al servicio público, aunque recalcó que cada quien es libre.
Candidata en Quecholac, en camioneta de lujo
La candidata por el partido Pacto Social de Integración (PSI) en Quecholac, Guadalupe Martínez, realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde se le aprecia viajando en un auto de la marca Lamborghini.
Durante el recorrido, la abanderada va acompañada de su padre, Antonio Valente Martínez, de quien la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene una investigación abierta, pues lo relacionan como “El Toñín”, presunto líder huachicolero de la región de Quecholac.
Durante el mensaje difundido en Facebook, Martínez Fuentes aseguró ser víctima de una persecución política desde el gobierno del fallecido Miguel Barbosa Huerta, quien lo acusó de ser el líder de los huachicoleros y de las bandas delincuenciales que operan en el llamado “Triángulo Rojo”.
