El saneamiento de la cuenca del río Atoyac solo se logrará si hay una estrategia interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y de la mano de las comunidades afectadas. Además, se tienen que sancionar las descargas industriales e implementar un monitoreo de la calidad del agua.
Lo anterior, lo señalaron durante el foro “Verdaderas soluciones a la catástrofe del río Atoyac”, que se llevó a cabo este martes en el auditorio de la Casa del Libro “Gilberto Bosques Saldívar” del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
En este encuentro participaron la activista Ana Lluvia García Vilchis; el exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor; la directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez Serrano y el investigador del Programa Nacional Estratégicos del Conahcyt, Andrés Barreda Marín.
Coincidieron en que el río Atoyac es uno de los afluentes más contaminados del país, por lo que se tiene una necesidad de crea políticas públicas más eficaces que incluyan, tanto la prevención y restauración ambiental.
Propuestas para saneamiento del río Atoyac
Como parte de las propuestas a las que se llegaron están:
Fortalecer las leyes y normativas ambientales, ya que no están siendo rigurosas para frenar la contaminación industrial, además, solo tendrían que permitirse las descargas domésticas y no la de las empresas.
También, la introducción de especies de flora y fauna endémicas a la cuenca, la construcción de un programa agropecuario de modernización de sistema de riego de la zona, garantizar el derecho al agua y saneamiento, involucrando a la población en el programa de rescate y gestión hídrica.
Así como la generación de proyectos turísticos y productivos, integrando el río al Plan de Desarrollo Urbano, tomando en cuenta que deben ser cautivadores e inclusivos para las personas, pues no se pueden ejecutar políticas gubernamentales sin tomar en cuenta a las comunidades.
De igual forma, mencionaron que se debe generar un programa de salud que atienda las afectaciones por la contaminación, ya que se ha detectado a personas que viven cerca de la cuenca presentan daños como Enfermedad Renal Crónica (ERC), leucemia aguda y padecimientos gastrointestinales.
Asimismo, de incluir a las comunidades para el saneamiento del río Atoyac, se tiene que hacer un Sistema Público de Monitoreo de Calidad del Agua; trabajo conjunto entre instituciones educativas y de medio de ambiente para abordar el problema integral y continuar con la construcción de plantas de tratamiento retomando la de Huejotzingo, que por oposición de la población ya no se concretó.
Del mismo modo, recordaron que la empresa Agua de Puebla es una de las principales fuentes contaminantes, pues sus plantas tratadoras de agua no funcionan adecuadamente.
También, la creación de un ente coordinador de los esfuerzos interinstitucionales y que esté integrada igual por la sociedad; buscar restaurar el agua y los suelos a lo largo de la cuenca.
Plan emergente para enfermos por contaminación
Diseñar y aplicar un plan emergente para los que están actualmente enfermos por esta situación y que las instituciones ofrezcan una disculpa pública por las afectaciones que han generado a la salud de la población; así como actualizar el padrón del sistema hidráulico de tomas y descargas.
Igual plantearon mantener actualizada la infraestructura hidráulica en su existencia y operación; sectorizar la infraestructura de agua potable para tener un padrón de usuarios paralelo clasificado; mantener y dotar de volumen de metros cúbicos dando prioridad al sector doméstico.
Otra acción es garantizar la cobertura al 100 por ciento al uso doméstico y reducir paulatinamente el tandeo hasta terminarlo y cumplir con el programa de distribución, dando cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 127 de la Secretaría de Salud federal.
Finalmente, comentaron que se deben reducir las pérdidas del recurso hídrico que se fuga por las malas instalaciones y no solo cambiar la infraestructura; y la vigilancia de la gestión hídrica para que se integre bajo una forma jurídica reconocida por la ley como las contralorías sociales.
