La nueva sede de la Secretaría de Finanzas de Puebla tendrá una inversión de 950 millones de pesos, la cual contempla dos etapas, siendo la primera la obra física del inmueble estará lista en diciembre, mientras que la segunda es la operación que le tocará el siguiente gobierno.
Así lo informó en entrevista, el subsecretario de Infraestructura estatal, Jesús Aquino Limón, quien explicó que el proyecto será bianual, por lo que la operación de la dependencia en el nuevo edificio se dará en la próxima administración que encabezará Alejandro Armenta Mier.
Recordó que es una obra que se abordaron tanto el próximo mandatario cono el actual titular del Poder Ejecutivo, por lo que los trabajos de la primera fase de la obra comenzarán a finales de agosto, por lo que se espera dejar la construcción terminada y equipada en diciembre.
El funcionario explicó que la segunda etapa de la nueva sede de Finanzas, que implicaría la instalación de tecnologías y el traslado de información, así como de trabajadores de la dependencia, se prevé que se complete entre febrero y marzo del 2025.
“Se trata como una obra bianual y se arrancaría yo creo a finales de agosto, dejaríamos la parte de la construcción terminada y solamente lo que tiene que ver con tecnologías y el pase de información se quedaría en proceso”, expresó.
Cabe mencionar que en meses atrás el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que la finalidad de este proyecto es para tener instalaciones más amplías, además de que el actual edificio ya tiene algunas afectaciones físicas y ni es viable mantener al personal ahí.
Se ubicará cerca del CCU
Por ello, en un principio se contempló terminar el proyecto, pero a principios de julio adelantó que sí dejaría concluida la construcción del edificio para la nueva sede de la Secretaría de Finanzas, pero la mudanza, personal y su consolidación dependerá del mandatario electo.
El nuevo edificio se ubicará en un terreno sobre la avenida Cúmulo de Virgo, a un costado del Hospital Ángeles y del Centro Cultural Universitario (CCU), el cual fue cedido al gobierno estatal por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a cambio de un terreno cerca de Ciudad Judicial, lo cual fue avalado por el Congreso local.
