La Fiscalía de Puebla pondrá en subasta un lote de 556 vehículos que fueron declarados en abandono y que se encuentran en mal estado de conservación, así como fuera de funcionamiento por no ser reclamados, el cual tiene un costo de 3 millones 839 mil 416 mil pesos.
Lo anterior, de acuerdo con la convocatoria emitida por el Oficial Mayor, de la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Dirección de Bienes Asegurados, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) para que todas las personas interesadas participen.
En el documento se hace énfasis en que la enajenación será porque los automotores causaron abandono a favor del Estado, por resolución del Ministerio Público, para su destrucción y compactación en la instalación donde se encuentran resguardados.
La Fiscalía informa en esta convocatoria que el peso estimado de todos los vehículos es de 686 mil 370 kilos, pero no especifica el tiempo que llevan en resguardo, ni tampoco si tiene que ver con algún delito en el que estuvieron involucrados o si fueron asegurados durante algún operativo.
Dicho lote se ubica en el domicilio identificado como carretera federal Puebla-Tlaxcala, número 19, en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, en la capital y se especifica que el ganador de la subasta deberá pagar, dentro de los tres días habilites siguientes al fallo, el importe total de operación a través de un cheque certificado.
Fallo de la subasta del lote de vehículos de la Fiscalía se dará el 6 de agosto
Dicha convocatoria detalle que el costo de las bases tiene un costo de 7 mil 135 pesos, por lo que la compra será del 24 al 26 en las instalaciones de la FGE, mientras que la verificación será el 29 del mes en curso y el 30, que es la siguiente semana a las 12 del día.
Mientras que para el miércoles 31 de julio se tendrá que acreditar la personalidad jurídica de los interesados, así como la presentación de las propuestas económicas.
El fallo está programado para el 6 de agosto, es decir, el día que se conocerá a la empresa que se hará cargo de la destrucción de los vehículos y la garantía de sostenimiento por parte de los postulantes consiste en una fianza a favor de la Fiscalía por el 10 por ciento del importe.
