La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) hizo un llamado al poder legislativo federal para aprobar la propuesta de reforma ambiental que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca la prohibición del fracking, en especial del uso no convencional.
En el marco del día mundial contra el fracking que es este 11 de octubre, platicamos con Alejandra Jiménez, representante de la Alianza, señaló que la propuesta de López Obrador es un avance en materia ambiental. Sin embargo, criticó que se priorizaron otras reformas importantes, como la judicial, dejando esta que prohíbe una actividad muy dañina “en el tintero”.
De acuerdo con la AMCF, en Puebla se afectaron 448 mil 341.58 hectáreas gracias a los proyectos “Regional Poza Rica-Altamira” y “Aceite Terciario del Golfo”. Además, hasta 2014, se documentó el desarrollo de mil 137 pozos, de los cuales 233 siguen abiertos, algunos abandonados y otros no sellados.
Al preguntarle sobre el estado actual de estos pozos, Jiménez explicó que no hay información disponible. Señaló que es “obligación del Estado proporcionar esta información… cuesta mucho trabajo acceder a ella. No hay transparencia“, sentenció.
Agregó que su investigación reveló que el fracking no convencional comenzó en México en 2006, pero las perforaciones convencionales datan desde los años ochenta.
Por ello, la propuesta de reforma ambiental de AMLO es significativa, aunque solo prohíbe el fracking no convencional. La AMCF hace un llamado para que los legisladores garanticen los derechos humanos y no dilaten este tema. “Aunque solo se prohíban los métodos no convencionales, sería un logro”, afirmó.
La reforma también busca regular la Ley de Aguas Nacionales para prohibir el uso del agua en estos procesos, blindando los recursos naturales del país. En México, para la extracción se utilizan entre 9 y 29 millones de litros de agua, aunque en casos extremos, como en Texas, esta cantidad se duplica.
¿Qué dice la reforma ambiental de AMLO respecto al fracking?
La reforma propuesta por López Obrador modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución, con cuatro ejes principales: 1) preservación del maíz nativo, 2) evitar que el agua siga siendo una mercancía y reconocerla como un derecho humano, 3) prohibir la minería a cielo abierto y 4) prohibir el fracking.
En particular, se busca modificar el artículo 27, párrafo séptimo, para “prohibir el otorgamiento de contratos para la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante fracking o fracturamiento hidráulico“. También se sancionará a quienes realicen actividades relacionadas con este tipo de extracción.
Sin embargo, según la AMCF, una limitante es que “la ley permite al Estado decidir en cualquier momento si esta extracción es necesaria, lo que requerirá un consejo cuya conformación no es clara”.
Si bien diputados aprobaron reciente el artículo 27 para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este apartado se quedó fuera. Por lo que es necesario “retomar íntegramente la propuesta que hizo López Obrador”.
El impacto en México
Los pozos fracturados en Puebla y otras regiones de Veracruz, Hidalgo y la Huasteca Potosina atraviesan yacimientos no convencionales formados por lutita a profundidades de hasta cinco kilómetros. Estos pozos requieren inyección de sustancias químicas a alta presión para liberar hidrocarburos atrapados, lo que conlleva mayores riesgos y costos.
Además de los riesgos para la salud por la emisión de gases como el metano —que es 86 veces más dañino que el dióxido de carbono—, también existen riesgos económicos, ya que “el fracking ha llevado a la quiebra a varias empresas debido a los altos costos y la falta de regulación efectiva”, señaló Jiménez.
Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), critica la ausencia de consultas a las comunidades indígenas que habitan cerca de los pozos.
“No se les informa, ni se les consulta. Ni siquiera cuando Peña Nieto propuso leyes secundarias que reglamentaban el tema del agua, se establecieron medidas para alejarlos de zonas habitadas. En México, los pozos están a menos de medio kilómetro de escuelas o comunidades”.
Refirió que a nivel internacional, países como Alemania, Francia y algunos estados de Estados Unidos, como Nueva York, prohibieron el fracking debido a sus riesgos ambientales y a la controversia sobre su sostenibilidad económica.
De hecho, en Estados Unidos, el auge del fracking ha sido señalado como una “burbuja especulativa”, ya que no hay suficiente demanda de gas para sostener la oferta creada por esta técnica.