El paro de labores que iniciaron trabajadores del Poder Judicial federal es ilegal, ya que no tienen fundamento y están afectando los servicios que brinda el Estado, pero lo tomaron como una “autotutela” argumentando que hay un mecanismo social, que no está regido en la Constitución.
Así lo señaló, en entrevista con este medio, el abogado Israel Calva Corro, quien agregó que, aunque los funcionarios dicen que están protegiendo derechos laborales, pero éstos no se han visto afectados, además de que para ello se tienen mecanismos de defensa que los juzgadores conocen.
Explicó que tampoco se puede ser determinado como una huelga porque se trata de un servicio del Estado y la ley marca que no se pueden suspender
Paro de trabajadores del Poder Judicial sería ilegal, pues no se apega a Constitución
Y es que, de acuerdo con la que la Constitución federal establece solo podrán hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, siempre y cuando se violen de manera general y sistemática sus derechos laborales.
Además, el artículo 100 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado exige como requisito que antes de suspender labores deben presentar su pliego petitorio al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con copia del acta de la asamblea en que se haya acordado declarar la huelga, lo cual no se ha cumplido.
El abogado explicó que primero se tendría que llevar a cabo la reforma para una afectación a los derechos laborales, pero para eso se tendría que aprobar primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado y posteriormente en las dos terceras partes de los congresos locales.
No han sido afectados en sus derechos
Una vez que sea eso, los trabajadores van a decir, es que a mí me afecta, a ver, ya los despidieron, no, entonces los criterios que ha establecido la Suprema Corte es que tiene que ser hasta que eso suceda, pero que se tiene que agotar previamente los recursos ordinarios para poder llegar al amparo como ha ocurrido en otras reformas.
Israel Calva Corro.
Afirmó que los servicios del Estado nunca pueden dejar de funcionar, porque son especiales, pues, aunque se fueran a huelga o paro como este caso, esto solo implica la reducción del trabajo que se hace, por lo que la suspensión que están haciendo en el Poder Judicial es ilegal, ya que no están laborando en su totalidad.
Incluso, aseveró que el Consejo de la Judicatura emitió una circular en la que declaraba como día inhábil, pero para eso ya está marcado en la ley, además de que solo el Poder Legislativo es el que puede establecer los tiempos para que haya días no laborables.
A su juicio, los trabajadores solo están generando un mecanismo de presión y “autotutela” para hacer justicia por propia mano, por lo que los funcionarios están cometiendo un delito y al interrumpir la administración de justicia puede ser catalogado como sabotaje, lo cual está penado.
Fueron contratados para brindar un servicio público, entonces lo están haciendo en horas de trabajo, qué pasaría si fueran trabajadores ordinarios, a las tres faltas serían despedidos, aparte de las actuaciones ilegales que están cometiendo por no permitir la aplicación de un servicio público.
Israel Calva Corro.
Consideró que, ante esta situación, se tendrán que llegar a acuerdos entre los funcionarios del Poder Judicial, el gobierno federal y los legisladores, pues quienes están haciendo esta presión son ministros, jueces y magistrados, no la base que hace la mayor parte del trabajo y si se aplicara la ley, tendría que haber despidos, porque los afectados son los ciudadanos.
Reforma es necesaria, pero no elección de jueces
Respecto a la reforma al Poder Judicial que se impulsa en la Cámara de Diputado, Calva Corro contempla como punto elemental que sean electos ministros, jueces y magistrados, sin embargo, esta no es la solución para tener un mejor sistema de procuración de justicia.
Sostuvo que existe un “retraso considerado” en la administración de justicia, al poner de ejemplo que la Ley de Amparo marca que una resolución debe darse en máximo tres meses y a veces tarde hasta 2 años, por lo reforma debe entenderse en que no es suficiente el personal para atender todos los asuntos.
El Poder Judicial es el que queda mal ahorita, porque la institución que administra justicia, conocedores del derecho, recursos y que lleguen a estos mecanismos, entiendo que hay libertad de expresión, pero tomar las instalaciones para que no funcionen, es el colmo, son actos de presión social para obtener algo.
Israel Calva Corro.
Descartó que la reforma se vaya a revertir en caso de que se apruebe, pues sí es necesaria, porque se tiene rezago que viene desde de la pandemia el Covid-19, pues se le dio “mucho poder” al Consejo de la Judicatura cuando se le autorizó suspender términos y otras decisiones que no están dentro de la Constitución, como la de suspender labores.
Mencionó que los propios juzgadores saben que existen mecanismos legales con los que se pueden defender en caso se vean afectados en sus derechos, incluso, en instancias internacionales, por lo que es el mismo Poder Judicial el que está violando estos factores.
Finalmente, asentó que la reforma sí es buena, pero no así la elección a través del voto para los jueces y magistrados, pues en todo caso se necesita mayor personal, capacitad y con vocación para el servicio público, así como algunos otros cambios como la eliminación de privilegios.
