La comunidad indígena de Ostula, Michoacán, instó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito a fallar en contra del despojo de mil 200 hectáreas de su territorio en San Diego Xayakalan en el amparo 463/2023.
Se trata de la resolución a un litigio agrario que Santa María Ostula, ubicada el municipio de Aquila, sostiene desde hace más de 20 años. Donde buscan revertir la sentencia del juicio 78/2004 que entregó su tierras a pequeños propietarios de La Placita. Señalados por la comunidad de mantener vínculos con el crimen organizado y a quienes favoreció el tribunal en un primer amparo.
Ante ello, la comunidad adelantó que presentara ante el Tribunal informes y opiniones técnicas de más de 56 especialistas en antropología, historia y arqueología. Mismos que forman parte del recurso conocido como Amicus Curiae donde aportaran una perspectiva objetiva sobre la validez de la demanda de Ostula. Esto, bajo el principio de que el que es primero en tiempo, es primero en derecho y que otorga legitimidad a los poseedores ancestrales del territorio.
Al respecto, habitantes de Ostula preparan diversas acciones de protesta y las calles y redes sociales. En tanto que una comisión viajó a la Ciudad de México para manifestarse frente a instalaciones del Poder Judicial de la Federación el pasado 9 de agosto.
Mientras que, en Morelia, Michoacán, hicieron lo mismo frente a instalaciones del Poder Judicial Federal en el Estado. Además de un bloqueo en a carretera número 200 que es vía de transporte del mineral extraído por la empresa Ternium.
Despojo en Xayakalan, amenaza a pueblos originarios
Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) consideró necesaria la justicia agraria y el respecto por los derechos ancestrales vulnerados durante décadas. Por lo que subrayó que el despojo del territorio “no solo representa un ataque a su comunidad, sino una amenaza a su supervivencia como pueblo originario”.
Santa María Ostula recordó que a la defensa de las tierras les ha costado el asesinato de 40 comuneros y desaparición de seis más. Misma en la que estaría involucrado el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalados por los recientes ataques a la comunidad civil y la Guardia Comunal.