De concretarse la reforma al Poder Judicial de la Federación, la elección por voto popular de jueces y magistrados debe replicarse en los estados, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este martes, durante su conferencia, el mandatario reiteró la necesidad de implementar los cambios en el Poder Judicial a nivel federal, al tiempo que refirió que en los estados, los gobernadores son los que “llevan mano” en la designación de las figuras mencionadas.
Sobre el proceso de elección, el cual todavía no es aprobado por la Cámara de Diputados, López Obrador se pronunció por garantizar la participación de quienes actualmente son jueces, magistrados y ministros.
A la par, consideró que no debe limitarse el número de aspirantes y, en caso, de que el proceso cuente con una cantidad considerable, pueda establecerse un mecanismo como la insaculación para definir a los que participarán.
¿Qué plantea la reforma para elegir a jueces y magistrados?
De acuerdo con el proyecto presentado el 5 de febrero por López Obrador, la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sería por voto popular.
Pero, ¿cómo serían seleccionados los aspirantes?
En el caso de los ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina, las propuestas de 30 candidaturas serán propuestas de la siguiente manera:
–Poder Ejecutivo: hasta 10 aspirantes.
–Poder Legislativo: hasta 5 aspirantes por cada Cámara (Senadores y Diputados), las propuestas deberán salir por mayoría calificada.
–Poder Judicial: hasta 10 aspirantes por medio de la SCJN y por mayoría (seis votos).
En cuanto a los mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, por cada uno de los 32 circuitos judiciales, serán propuestas seis candidaturas paritarias por cada uno de los tres poderes.
Una vez que estén listas las candidaturas, la Cámara de Senadores verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos de ley, mientras que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) -figura propuesta para sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE)- organizará la campaña y elección.
La campaña tendrá una duración de 60 días, los aspirantes contarán con tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas, no estará permitido el financiamiento público y privado, y los partidos políticos no podrán hacer pronunciamientos a favor o en contra de algún aspirante.