La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 32 votos a favor y 18 en contra, el dictamen para el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tendrá facultades para realizar sus propias investigaciones.
Los diputados de Morena, PT y PVEM señalaron que la reforma permitirá mayores facultades de cooperación entre las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado. Mientras que la oposición acusó que se trata de una forma de perfeccionar la militarización en el país y, al mismo tiempo, debilitar a la Sedena.
De acuerdo con la iniciativa, la política de seguridad pública requiere de fuerzas policiales profesionales y capacitadas para construir la paz con apego a los derechos humanos. Lo cual, refiere el texto de la reforma, solo podría obtenerse de personal con origen militar integrado a la Guardia Nacional. Por lo que permite que sea un general de división quien encabece al organismo a propuesta del secretario de la Sedena y previa aprobación del ejecutivo.
Sin embargo, el dictamen establece en su artículo sexto transitorio que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) definirá la política de seguridad. Esto, a través de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones correspondientes.
Con traslado a Sedena, buscan revertir Guardia Nacional en SSPC
Cabe recordar que esta nueva reforma pretende revertir la acción de inconstitucional que dictaminó la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) en 2023. La SCJN ordenó que el mando de la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de la SSPC como máximo el 1 de enero de 2024.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, expuso que el fallo de la SCJN fue bajo el principio de literalidad. Por ello, pidió que los ministros también apliquen el principio de unicidad del ejecutivo nacional. Con la cual deberían reconocer que todas las secretarías de la Administración Pública dependen del presidente.
Con ello, defiende que esta ley no podría implicar una militarización, dado que la política de seguridad estaría bajo la SSPC, con mando civil. Al mismo tiempo, esta el hecho de que ambas instituciones continúan bajo el mando superior del Ejecutivo Nacional.