La Cámara de Diputados alista aprobar las reformas constitucionales que prohibirán la comercialización de los vapeadores y el principio de austeridad en el salario de los servidores públicos, adelantó el diputado federal Ricardo Monreal.
En entrevista, Monreal señaló que de paquete de reformas constitucionales presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedarán pendientes tres: la electoral, la relativa a la prohibición del maíz transgénico y de pensiones justas.
El representante de Morena en San Lázaro explicó que además de las reformas constitucionales relativa a los vapeadores y el principio de austeridad, los legisladores podrían aprobar las iniciativas secundarias al Poder Judicial, paquete que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Reforma constitucional prohibirá los vapeadores
La reforma constitucional presentada por el expresidente López Obrador plantea incluir en los artículos 4 y 5, los criterios de protección a la salud y prohibir la comercialización, distribución y venta de vapeadores.
De acuerdo con la investigación realizada en el Laboratorio Nacional de Referecia de Cofepris, los vapeadores contienen dimetil éter, una sustancia altamente inflamable; linalol, utiliza para la elaboración de insecticidas.
Así como alcohol bencílico, químico para productos de limpieza, y mentol, sustancia que facilita una conexión con las células y favorece a que este tipo de dispositivos sean más adictivos.
En febrero pasado, López Obrador señaló que a pesar del daño que los vapeadores generan en la salud, los dueños de las compañías que producen y comercialización estos productos “actúan de manera inmoral, tramposa, corrupta” ya que destinan grandes cantidades de dinero en publicidad engañosa.
En cuanto a la reforma relativa al principio de austeridad, establecerá que el salario de los servidores públicos alcanzará 129 mil 241 pesos mensuales, lo que equivale a 73 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El cambio propuesto por el expresidente López Obrador considera establecer un tope en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para fijar que los salarios de los servidores públicos no deberán rebasar la remuneración del presidente de la República.