El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la suspensión del pago de salarios a los trabajadores del Poder Judicial, que desde el lunes pasado iniciaron con un paro de labores en repuesta a la discusión de la reforma a esa institución.
Durante su conferencia, el mandatario reconoció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió un oficio al Consejo de la Judicatura para suspender el pago de salarios a quienes decidieron sumarse al paro.
“Si es necesario, lo corregimos (el oficio), es que también los servidores públicos tienen que actuar así por su responsabilidad, pero en este caso la libertad tiene que estar por encima”.
Ante ello, López Obrador reiteró el llamado a los trabajadores de base, secretarios de acuerdo y jueces que “recapaciten” y no caigan en la manipulación de quienes solo buscan conservar los privilegios en el Poder Judicial.
Asimismo, dijo que el Consejo de la Judicatura tiene atender la situación generada por el paro de los trabajadores, pues tienen claro que no pueden dejar de prestar el servicio a la población y frena las resoluciones de temas legales.
Sobre la insistencia de las calificadoras estadounidenses de advertir efectos negativos de aprobarse la reforma al Poder Judicial, López Obrador consideró que se trata de “pura politiquería”.
En ese tenor, consideró que hay una serie de mentiras las proyecciones que dichas calificadoras sobre una caída en las inversiones extranjeras para México.
Ministra Piña respondió por casos de defraudación fiscal
La ministra Norma Piña Hernández ya dio respuesta al oficio en el que la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación la exhortan a resolverlo dos juicios por defraudación fiscal.
No obstante, el presidente López Obrador comentó que, este día, no daría a conocer la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, proyectó el contenido del oficio que dirigieron a Piña Hernández, en el que destaca que al no hacer un pronunciamiento sobre los juicios por el incumplimiento en el pago de impuestos por 35 mil millones de pesos es una “acción ilegal” de “protección a las conducta de defraudación fiscal”.