Diputado denuncia contrato de 4 mil mdp por alumbrado público en Zapopan. Foto: Redes sociales.
Diputado denuncia contrato de 4 mil mdp por alumbrado público en Zapopan. Foto: Redes sociales.

El diputado federal por Morena Hamlet García Almaguer, denunció que el gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, otorgó un contrato que privatiza el servicio de alumbrado público comprometiendo 4 mil 200 millones de pesos del erario durante 18 años.


En conferencia de prensa, García Almaguer señaló que los beneficios son para la empresa Power Sinergia, la cual solo invertirá mil 200 millones de pesos, mientras que obtendrá más del tripe en supuestos rendimientos que los ciudadanos de Zapopan pagarán por el servicio de alumbrado público.

Por su parte, el regidor por Morena del municipio de Zapopan, Alejandro Puerto Covarrubias, que también asistió al evento, señaló que las irregularidades que han existido en la concesión del servicio de alumbrado público son desde el 2016. En ese año, durante el primer proceso de licitación, la empresa NL Tech acusó que el entonces alcalde Jesús Pablo Lemus Navarro favoreció a la empresa Power & Solutions, por lo que incluso fue detenido el contrato.

El actual contrato, fue avalado inicialmente por el cabildo de Zapopan y posteriormente por el congreso de Jalisco, con los votos en contra de la bancada de Morena. El regidor explicó que este fue votado sin presentar el desglose de gastos que el municipio realiza por el servicio y, sin embargo, justificó la privatización del servicio por el supuesto ahorro que esto traería.

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Presentarán denuncia

Puerto Covarrubias explicó que la empresa presentó un proyecto en el que solo invertirá 1 mil 200 millones de pesos, mientras que el gobierno municipal pagará 3 mil millones de pesos adicionales por el contrato que, a pesar de ello, no exime a Power Sinergia de las responsabilidades por las fallas en el servicio.

Ante ello, García Almaguer respaldará la presentación de la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales por las consecuencias que el contrato tiene en erario público, contra los ciudadanos e, incluso, en la afectación contra los actuales trabajadores del ayuntamiento que se verían afectados.

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