Las Universidades Jesuitas de México condenaron el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido tras oficiar misa en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la presidenta Claudia Sheinbaum, condena el crimen y se indaga el caso.
A través de un pronunciamiento, la Ibero Puebla y otros planteles de la comunidad Jesuita, argumentaron que el padre Marcelo dedicó su vida al acompañamiento de las comunidades, promoviendo la defensa de sus derechos y la búsqueda de la paz en un contexto marcado por la violencia.
Bajo este contexto, exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales que se esclarezca este asesinato y que se brinde justicia.
Es urgente, dijeron, que se implementen acciones que protejan a las personas en regiones que, como Chiapas, sufren la presencia del crimen organizado.
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“No podemos permitir que actos como este queden impunes, ni que la violencia continúe afectando a las comunidades”, sostuvo la comunidad Jesuita.
Al mismo tiempo, expresaron su solidaridad con la Conferencia del Episcopado Mexicano, con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, con las comunidades víctimas de la violencia y con la familia del Padre Marcelo.
“Como universidades confiadas a la Compañía de Jesús, refrendamos nuestro compromiso para coadyuvar a través del Laboratorio para la reconciliación y la paz (ReconciLAB) en la construcción de un México donde prevalezcan la paz, la fraternidad y la justicia para todas las personas”.
agregaron
Asesinan al padre Marcelo Pérez desde una motocicleta
Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, el padre Marcelo al momento de abandonar la parroquia y cuando se dirigía a la iglesia de Guadalupe, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon en contra de la camioneta donde se encontraba.
Por su parte, Sheinbaum Pardo condenó enérgicamente el asesinato de Marcelo Pérez y expresó su solidaridad con la comunidad de San Cristóbal de las Casas.
Aseguró que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se puso en contacto con autoridades locales y eclesiásticas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tambien condenó el crimen.
Desde 2015, el padre tenía medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y es que estaba en riesgo por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otros lugares de Chiapas.
Organizaciones nacionales e internacionales habían advertido sobre el creciente número de amenazas en su contra.
Las amenazas fueron por su trabajo en favor de la justicia y los derechos de pueblos indígenas.