Rosa Isela Sánchez Soya es la segunda mujer al frente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla en los 27 años del organismo local. Marcía Maritza Bullen Navarro, fue su antecesora de 2008 al 2011, en la época de Mario Marín Torres.
De la nueva presidenta de la CDH poblana se esperan muchas cosas, cercanía con las víctimas de violación de derechos humanos y trabajo conjunto con los colectivos, lo cual no ocurrió con todos sus antecesores, quienes vieron en el organismo una oficina de recepción de quejas y con pocos o nulos resultados en cuanto a emitir recomendaciones.
El reto de Rosa Isela será garantizar que sea un contrapeso institucional y demuestre a los inconformes con su llegada al organismo que se equivocan.
“Pido un voto de confianza”, fue una de sus primeras declaraciones luego de tomar protesta en el Congreso del Estado de Puebla.
Las organizaciones pro derechos humanos esperan que “no sea pan con lo mismo”: no veo, no leo y no escucho.
Te puede interesar
En su actuar por los próximos cinco años tendrá marcaje personal de todas las organizaciones, que, a diferencia de otros años, ahora son más incisivas en su poder de opinión, tal como lo hicieron con la gestión del anterior titular Félix Cerezo Vélez, de quien se esperaba mucho y terminó siendo un funcionario que aprovecho el cargo para su beneficio propio, como señaló el diputado de Morena, Roberto Zataráin Leal.
Rosa Isela se podrá equivocar, pero no puede ser omisa en casos donde haya flagrante violación a los derechos humanos por parte de autoridades locales, de lo cual a diario dan cuenta las redes sociales.
Su trabajo es investigar de oficio si son reales y no esperar a la presentación de alguna queja.
El voto de confianza de los poblanos está sobre la mesa y deberá corresponder con arduo trabajo como ombudsperson. Al menos Marcía Maritza Bullen Navarro, como la primera mujer al frente de la CDH de Puebla, dejó pasar situaciones de violaciones a derechos humanos que en aquél tiempo por la falta de redes sociales no se supieron.
El caso de la detención de la periodista Lydia Cacho, una de ellas, ya que hubo cero recomendaciones al gobierno marinista.