Ironías de la historia

El pasado 11 de septiembre de 2024 se cumplieron 51 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular de Chile — encabezado por Salvador Allende–, el primer intento de promover el socialismo por la vía democrática en nuestro hemisferio.

Por una ironía de la historia, ese mismo día, se aprobó en el Senado de nuestro país el proyecto de reforma al Poder Judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo que “ironía” porque pareciera que la historia se empeña en demostrar que no siempre los fracasos y/o las derrotas de los pueblos se pierden en el vacío, sino se convierten con el paso del tiempo en experiencias que contribuyen a que las fuerzas democráticas y los movimientos populares progresistas logren conquistas fundamentales en su afán por transformar la realidad de sus naciones en un sentido favorable a las clases desprotegidas.

Aunque se antoje una comparación muy forzada, lo cierto es que entre la Unidad Popular y la 4t hay más de un punto en común:  ambas experimentaron la embestida del Poder Judicial, poniendo éste de relieve que está al servicio del poder económico y de la derecha (hablo en pasado porque doy por un hecho que ya se inicia la reforma al Poder Judicial en nuestro país).

Al poco tiempo de triunfar la Unidad Popular, en 1970, de inmediato el gobierno de ésta comenzó a sufrir la hostilidad por parte de toda una caterva de jueces y magistrados. En una entrevista con Regis Debray, Salvador Allende denunció la “justicia de clases” que impartía la Corte Suprema (Vid. Punto Final, Santiago, 16 de mayo de 1971), acusación que compartió el entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Novoa Monreal, quien expresó que “el Máximo Tribunal representaba a los sectores más conservadores de la sociedad chilena, y que su trabajo estaba obstaculizando el cumplimiento del programa de gobierno”. Y agregó: “Dicho poder, particularmente la Corte Suprema, es un incondicional defensor del status social, económico y político vigente, y reprueba a quienes luchan por los cambios sociales” (Vid. Novoa Monreal, Eduardo, “El difícil camino de la legalidad”, en Revista de la Universidad Técnica del Estado, 7 (Santiago, 1972), p. 25 ( Citado por Andrés Amunátegui Echeverría, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso , No. 36 Valparaíso agosto 2011).  

Así como en México la ministra Norma Piña se esforzó denodadamente por impedir la reforma judicial, en Chile el presidente de la Suprema Corte, Ramiro Méndez Brañas,  se dio a la tarea de denunciar con vehemencia “el intento (del gobierno de Allende) por infiltrar al Poder Judicial, y las maniobras por “arrastrar a los integrantes del Poder Judicial a las violentas luchas de la política contingente”  (Ibid.). 

Frente a este situación, Allende sostuvo que “algunos sectores del Poder Judicial, en especial de su máximo Tribunal, manifiestan una incomprensión de las transformaciones sociales que vive el país, y de los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas, habiendo  puesto tanto la ley como los procedimientos judiciales al servicio de los intereses afectados por las transformaciones, con desmedro y daño del régimen institucional y de la pacífica y regular convivencia de las diversas jerarquías y autoridades” (Vid. Presidente de la República, “Oficio s/n de 12 de junio de 1973”, en Consejo General de la Orden de Abogados: Antecedentes Histórico-Jurídicos: Años 1972-1973 (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1980), p. 105.  En Ibid.).

¿Observa el lector las analogías en el comportamiento del Poder Judicial en Chile (en la era de Allende) y en México (en la era de AMLO)? Así como la Suprema Corte de la Nación bloqueó varias de las principales iniciativas de reforma del Presidente López Obrador, su homóloga chilena hizo lo mismo.

Escribe Andrés Amunátegui Echeverría : “La pugna que comenzó a evidenciarse entre el poder Judicial y el Ejecutivo, adoptó un esquema de ataques y respuestas. Así, frente al fenómeno de la requisición de empresas por parte del Ejecutivo, la Corte respondió al subsumir estas conductas bajo el tipo penal de la usurpación. Existe discusión acerca de la procedencia de la aplicación de tales normas penales, pero lo cierto es que ésta fue la fórmula que utilizó la Corte para dar protección a los particulares en aquellos casos en los que estos sentían su derecho de propiedad conculcado”.

Y agrega: “Adicionalmente, la Corte habría concedido un sinnúmero de medidas precautorias que obstaculizaban algunas de las actuaciones del Ejecutivo respecto de propiedades o empresas de particulares (..) No sorprende entonces, que la Corte Suprema diera su apoyo al Gobierno asumido por los militares” (Ibid.). 

Este espacio, desde luego, es insuficiente para hacer referencia a todas las tropelías que perpetró el Poder Judicial Chileno para obstaculizar las reformas del gobierno de Salvador Allende.

Esto lo haremos en un material más extenso.

 Mientras tanto, reiteramos:  no deja de ser una ironía que, a 51 años del golpe de Estado, en México el Senado haya aprobado la reforma del Poder Judicial.  Pareciera que con este tipo de situaciones la historia nos lanzara un guiño en el que dijera: tarde o temprano los pueblos extraen las lecciones necesarias de las derrotas. 

Posdata.- Felicito al compañero Norberto Amaya Aquino por haber organizado un homenaje a Salvador Allende el 11 de septiembre, en el patio del Edificio Carolino donde se encuentra el busto de éste. Como era de esperar, al Comité ejecutivo de Morena le pasó de noche tal aniversario. Ni siquiera se preocuparon sus miembros por hacer, no digamos una conferencia de prensa, sino algún twittee.

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