Durante el gobierno de Moreno Valle se otorgaron concesiones a empresas para realizar obras como el Museo Barroco, el CIS y las plataformas de Audi, que llevaron a que Puebla cargara con una deuda pública de 8 mil 194 millones 940 mil 86 pesos, de la cuál hasta este año sólo se ha podido pagar el 43.9 por ciento.
Las empresas privadas recibieron dinero del presupuesto público para el financiamiento de infraestructura principalmente, argumentando que el gobierno no subsidia estas empresas.
En ese sentido, durante el sexenio de Moreno Valle, se llevaron a cabo contratos bajo los esquemas de financiamiento como el de Asociación Público Privada (APP) y Proyectos de Presentación de Servicios (PPS).
Este tipo de esquemas son legalmente establecidos en la Ley de Asociaciones Público Privadas, reformada en 2012 por el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, en la cual se permite que el sector público y privado se asocien para celebrar contratos “a largo plazo”.
Es decir, el sector privado pueda prestar servicios al sector público, como infraestructura, y siendo remunerado directamente por medio de recursos públicos e incluso el pago de los usuario, como es el caso de Agua de Puebla.
En dicha ley se establece claramente que los proyectos deben tener un beneficio social y demostrar su eficiencia y ventaja frente a otro tipo de financiamiento, no obstante, el hecho de que la deuda sea exorbitante es muestra de que estos mecanismos benefician a quienes los otorgan (gobiernos panistas) y quienes los reciben (empresas privadas).
Finalmente, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, dijo que revisará los contratos de este tipo de negocios y ver como se puede ajustar la deuda. Detalló que no buscarán un pleito legal, ya que el Poder Jdicial no ha litigado en favor de las mayorías.