A partir del sábado 5 de octubre, entraron en vigor la Ley de Amnistía y la Ley de Declaración de Ausencia, ambas importantes para el estado de Puebla y un avance en los derechos humanos. Sin embargo, es crucial que estas leyes logren garantizar la justicia.
La Ley de Amnistía es una homologación de la ley federal aprobada en 2020, que plantea el perdón para personas recluidas en centros penitenciarios. Los reclusos deberán solicitar su liberación, y una comisión evaluará cada caso para determinar si procede.
Es importante señalar que no todas las personas podrán acceder a este perdón. Una de las limitaciones es que los privados de la libertad deberán contar con una sentencia firme y haber cometido delitos contra la salud, siempre que se encuentren en situación de extrema pobreza, discriminación o si no se les garantizó acceso adecuado a la justicia.
También se contemplan delitos como sedición y aquellos cometidos bajo coacción si los reclusos pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas que hayan enfrentado barreras culturales. Se incluyen también delitos menores o casos donde hubo violaciones a los derechos humanos durante la detención o el proceso judicial.
Una limitación de esta ley radica en que la mayoría de los reclusos están en prisión preventiva, por lo que acelerar los procedimientos se convierte en un desafío, especialmente cuando el Poder Judicial no agiliza estos casos.
Te puede interesar: Ley de Amnistía en Puebla
En cuanto a la Ley de Declaración de Ausencia, si bien es una deuda pendiente con las familias de personas desaparecidas, es importante realizar un análisis previo de cada situación. Será la familia quien solicite los derechos de la persona desaparecida.
Aquí, la limitación no radica en el procedimiento, sino en el registro de personas desaparecidas. Con la nueva metodología de la Comisión Nacional de Búsqueda, que clasifica a los desaparecidos en tres rubros distintos, es necesario reflexionar sobre el punto de partida para garantizar este derecho.
El reto es grande, ya que se trata de un problema profundo y doloroso para la sociedad. Por ello, las autoridades deberán actuar con sensibilidad para evitar agravar la injusticia que ya sufren las familias afectadas.