La secretaria de Planeación y Finanzas estatal, Josefina Morales Guerrero, dio a conocer que ya se presentaron las denuncias correspondientes por la inversión que la administración del finado Miguel Barbosa Huerta realizó a Banco Accendo.
Se trata de 600 millones del erario que se transfirieron a dicha entidad financiera que por malos manejos de sus dueños la llevaron a la quiebra, defraudando a pequeñas y medianas empresas, corporativos y gobiernos estatales.
Accendo Banco fue una entidad bancaria la cual tenía como dueños Francisco N. y su hermano José N. El banco tenía la finalidad de atender a Pymes y entidades gubernamentales, así como a proporcionar infraestructura a entidades de tecnología financiera.
Nacida el 22 de marzo de 2018, este instituto comenzó a llamar la atención de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) por operaciones inusuales como la captación de dinero de entidades gubernamentales, presunto lavado de dinero, simulaciones de aportación, entre otros.
Después de que entidades como Puebla Veracruz, Tamulipas, Baja California, Estado de México, Oaxaca, Durango e Hidalgo decidieran invertir fondos de sus repectivos ciudadanos; también autoridades municipales de Tlanepantla, Puerto Morelos, Zapopan y Tijuana hicieron lo propio. Además de del Banco del Bienestar y la Lotería Nacional.
En total, el adeudo a sus clientes y trabajadores asciende cinco mil 840 millones 982 mil 324 pesos, de los cuales tres mil 43 millones 994 mil 123 pesos fueron de gobiernos y entidades federales.
Este dinero, según el Instituto para Proteger el Ahorro Bancario (IPAB), se tiene que pagar en cuatro períodos: primero deben de indemnizar a los trabajadores por sueldos y salarios caídos (30 millones 626 mil 715 pesos), luego deben indemnizar los créditos laborales (7 millones 933 mil 468 pesos), créditos de obligaciones garantizadas (mil 314 millones 991 mil 992e pesos), y el cuarto a los entes gubernamentales.
El 29 de septiembre de 2021 la CNBV ordena cerrar el banco y abre un proceso legal para pagar a todos lo que invirtieron y a la fecha la inversión poblana, la cual, con todo e intereses ascendería a 800 millones, no se ha recuperado.
El reto para esta administración no es menor, estamos hablando que, con ese monto, se podrían construir 2.4 veces el distribuidor vial Vía Atlixcáyotl-Periférico Ecológico o abarcar el 78 por ciento de la nueva sede del congreso.
Las denuncias son el primer paso, la pelota está en la cancha del poder judicial. Y quizá, le toque a la siguiente administración dar el siguiente paso.