El informe presentado por el Secretario de Cultura de Puebla, Enrique Glockner Corte, destaca avances en la promoción de la cultura, la lectura y la preservación del patrimonio. Sin embargo, hay una omisión crítica: la falta de acciones concretas en torno a la prevención de la violencia, un área que debería ocupar un lugar prioritario en las agendas culturales y educativas.
Entre estos rubros, la protección de nuestras infancias y juventudes frente al contenido digital es un problema omitido por los tres niveles de gobierno. Este tipo de material, que muchas veces se presenta como expresiones audiovisuales, no está regulado adecuadamente y, sin control, expone a los menores a la violencia, la apología al narcotráfico y otros riesgos. La carencia refleja la falta de acciones concretas en torno a la prevención de la violencia.
En un panorama donde las iniciativas culturales deben adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, la ausencia de programas que aborden el impacto de las expresiones artísticas digitales como vehículos de contenidos nocivos resulta alarmante. Estas producciones, que incluyen música, videos y formatos híbridos en plataformas como TikTok, YouTube y Twitch, forman parte del consumo diario de las infancias y juventudes. Su contenido no siempre pasa por filtros éticos o educativos, y muchas veces normalizan la violencia y conductas de riesgo.
En México, un alarmante porcentaje de adolescentes accede sin restricciones a estas plataformas. Según el informe de Common Sense Media (2023), el 81 por ciento de los adolescentes mexicanos consumen contenidos con mensajes violentos o sexualizados. Aunque estas plataformas prometen protecciones, los menores eluden los controles (parentales) de edad a través de cuentas falsas o sin supervisión adecuada. Aquí no solo estamos hablando de entretenimiento, sino de expresiones artísticas y culturales que carecen de regulación, lo que incrementa su impacto negativo en las nuevas generaciones.
Protección de las infancias, desafío común
Es fundamental reconocer que la responsabilidad no recae únicamente en las plataformas digitales, sino también en el entorno familiar y en las políticas públicas. La vida moderna, con la creciente carga laboral y social, ha dejado a muchas familias vulnerables ante este fenómeno. Las mujeres en México, según Inegi (2023), combinan las exigencias laborales con las responsabilidades del hogar, lo que limita su capacidad para supervisar el contenido al que acceden sus hijos. Ante este contexto, es urgente que las instituciones gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Cultura, diseñen estrategias que aborden la prevención desde una perspectiva integral.
Por lo tanto, las Secretarías de Cultura, Educación, Salud y Seguridad Pública deben asumir un papel más activo. No basta con promover la lectura o las tradiciones, sino que es indispensable que estas instancias consideren la regulación de los contenidos digitales como parte de su labor cultural. Al tratarse de expresiones audiovisuales, su impacto en la formación de valores y conductas es innegable. Así como se regula la comida chatarra, es necesario implementar políticas públicas que limiten el acceso de menores a contenido nocivo y que fomenten la creación de propuestas artísticas digitales responsables.
El gobierno de Puebla, a través de su Secretaría de Cultura, ha logrado avances significativos en la gestión cultural, la promoción de la lectura y del patrimonio, pero no ha tomado la iniciativa en esta área crítica. Mientras las plataformas digitales siguen siendo un espacio sin regulación efectiva, las niñas, los niños y adolescentes continúan expuestos a contenido dañino que a menudo se disfraza de entretenimiento o cultura popular.
Desafíos del próximo gobierno de Puebla
En este sentido, la próxima administración, encabezada por Alejandro Armenta, tiene la oportunidad de liderar con políticas públicas que reconozcan la relevancia del contenido digital en la vida de las infancias y juventudes. La protección no puede recaer solo en las familias, especialmente en un contexto social donde los desafíos económicos y laborales limitan su capacidad de supervisión constante.
El compromiso de los tres niveles de gobierno es clave para garantizar un ambiente digital seguro para las nuevas generaciones. Esto incluye no solo una revisión profunda de la legislación, sino también la implementación de programas educativos para padres y madres, así como incentivos para la creación de contenidos artísticos que eduquen y enriquezcan culturalmente a la sociedad. No se trata de censurar, sino de regular y prevenir, reconociendo que el arte y la cultura digital también tienen un impacto directo en la formación social.
Es hora de que las expresiones artísticas digitales sean tratadas con la misma seriedad que otros aspectos de la cultura y el patrimonio. Las autoridades deben pasar del discurso a la acción, implementando políticas que realmente protejan a nuestras infancias y juventudes, garantizando que las expresiones culturales digitales sean herramientas para el desarrollo, no vehículos de violencia o apología del crimen.
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