El diputado local del PAN, Oswaldo Jiménez López, presentó una iniciativa de reforma para que el Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla fortalezca sus políticas, tales como tener mecanismos de coordinación, así como difundir las sanciones impuestas.
Y es que se busca que se adicionan el Capítulo VI, denominado “De los Planes, Políticas y Programas Anticorrupción de los Entes Públicos” al Título Segundo, y el artículo 36 Bis a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso local, el legislador presentó la iniciativa que plantea fortalecer el Sistema Estatal, con la finalidad de establecer las bases que deberán contener las políticas que combatan la corrupción en los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como los municipios, sus dependencias y entidades.
La iniciativa plantea que, como mínimo, las políticas deben contener: mecanismos de coordinación; los principios rectores que rigen el servicio público, como los de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito; así como medidas encaminadas para la prevención, detección y combate a la corrupción.
Además, acciones de difusión de las sanciones en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción previstos en la Ley de la materia; acciones permanentes que aseguren el comportamiento ético de las personas servidoras públicas, así como programas de capacitación; también, lineamientos para la promoción, fomento y difusión de la cultura de legalidad, integridad, ética y responsabilidad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y control de los recursos públicos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución procedente.
Durante la sesión ordinaria, el diputado Carlos Navarro Corro presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 55 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con el objetivo de que las y los trabajadores conserven sus servicios médicos por seis meses posteriores a su baja, en caso que hayan sido diagnosticados con alguna enfermedad crónico degenerativa.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su análisis.
Presentan iniciativas para proteger DH de menores
Por otra parte, la diputada Yolanda Gámez Mendoza presentó una iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 12 de la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla, con la finalidad de indicar que los criterios para la elaboración de políticas en materia de educación superior se basarán, entre otros, en promover acuerdos y convenios para la creación de bolsas de trabajo y la existencia de vinculación entre las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, con diversos sectores sociales y con el ámbito laboral, ya sea público o privado.
El objetivo de la propuesta, es colaborar en la formación y adquisición de experiencia laboral de las y los futuros profesionistas, y que al egresar se incorporen a las actividades productivas del país y del estado de Puebla, contribuyendo a su desarrollo social y económico.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.
En otro momento de la sesión, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó una iniciativa mediante la que se reforman el artículo 17 y las fracciones VII del 62 y VIII del 98 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que tienen derecho a no ser reclutados para participar en asociaciones delictuosas, para cometer o formar parte de la comisión de algún delito.
En tanto, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa del diputado Carlos Evangelista Aniceto, mediante la cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 62 a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para establecer que, tratándose de abuso sexual, las autoridades estatales y municipales en coordinación con la autoridad federal, en todos los órdenes de gobierno, establecerán un sistema coordinado de apoyo y respuesta a corto y largo plazo, adecuado a la edad y requerimientos individuales de las niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia sexual.
Plantea que este sistema estará enfocado a la recuperación, garantizando en todo momento, la protección y bienestar de las víctimas.
Las propuestas legislativas de la diputada Nancy Jiménez y del diputado Carlos Evangelista fueron turnadas a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución correspondiente.
CRBP
