En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, la diputada morenista, Jocelyn Olivares López, presentó una iniciativa para establecer penas de dos a ocho años de prisión a quien comete el delito de acoso digital.
Lo anterior significa hacer adiciones al Código Penal del Estado, pues la legisladora señaló que el acoso digital consiste en la sustracción de información que identifique a una persona, o a su patrimonio, de cualquier sistema de información, red social, o por medio del uso de las tecnologías de la información y comunicación para ser exhibida sin su consentimiento.
La iniciativa también establece que, a la persona culpable de este delito, se le multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización, esto en caso de que el daño sea de índole material o física.
La propuesta legislativa, que pretende adicionar el artículo 292 al Código Penal del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y dictaminación procedentes.
Otras iniciativas discutidas
Asimismo, la diputada morenista, Azucena Rosas Tapia, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, con el objetivo de incorporar el principio de confiabilidad que permita fortalecer la fiscalización superior dentro de la entidad. Para este fin se propone reformar el párrafo primero del artículo 113.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, para su estudio y resolución correspondiente.
Otra iniciativa de la legisladora fue reformar la fracción II del artículo 70 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con el fin de actualizar el nombre de la Secretaría de Educación.
Finalmente, se dio cuenta de la iniciativa del diputado panista, Oswaldo Jiménez López, para reformar la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de señalar que las Contralorías Municipales acreditarán, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, a los ciudadanos que coadyuvarán en procesos de fiscalización.
