La Comisión de Educación del Congreso de Puebla aprobó las reformas a la Ley de la BUAP con las cuales se elimina la edad máxima para ocupar la rectoría, así como reforzar la autonomía de la institución y prevenir la discriminación y violencia de género; serán votadas en el pleno el 8 de junio.
Por unanimidad este lunes, los integrantes de dicha comisión avalaron el dictamen de la iniciativa que envió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sobre la ley de la máxima casa de estudios poblana, a 25 años de su última modificación.
Luego de tres mesas de trabajo, el documento con 29 artículos y tres transitorios fue aprobado con ligeras modificaciones en temas de corrección en la redacción.
Con esto, la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quedará reforzada, además de que se quitará el requisito de edad máxima para postularse por la rectoría de la institución, que era de 65 años.
Asimismo, queda formalizada la Defensoría de los Derechos Universitarios, la cual busca proteger a la comunidad de la institución.
También busca prevenir la discriminación y violencia de género, así como promover la igualdad sustantiva con el fin de garantizar espacios libres de violencia, así como el respeto a la diversidad.
En su intervención, la diputada Xel Arianna Hernández García explicó que las reformas serán votadas el próximo 8 de junio en el pleno, al tiempo de destacar que con el dictamen se atienden las reformas constitucionales en materia de derecho humanos.
Explicó que, más adelante podrán hacerse otras reformas, pues la intención es aumentar y garantizar los derechos humanos de las personas y la comunidad universitaria, por lo que se hicieron cambios a través de mesas de trabajo desde que se presentó la iniciativa, para poder ampliar las aportaciones.
En su intervención, el diputado Iván Herrera Villagómez expuso que la reforma era necesaria ante los nuevos tiempos. Por su parte, la diputada Laura Zapata Martínez celebró la disposición del área jurídica, así como de las y los integrantes de la Comisión de Educación para recibir y atender las propuestas modificatorias.
Por su parte, Aurora Sierra Rodríguez expuso que la iniciativa contempló la inclusión de normativas que garantizan la protección de las libertades y derechos humanos de todos los miembros de la comunidad universitaria, lo cual es relevante ante la lucha contra la violencia de género y la discriminación.
