Este martes, las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de la Familia y los Derechos de la Niñez del Congreso de Puebla, aprobaron una reforma al Código Civil de la Ley de los Derechos de la Niñez, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La finalidad de esta reforma es la de establecer las medidas necesarias que permitan la coordinación de los órganos jurisdiccionales, a fin de sistematizar, suministrar y actualizar la información de deudores para el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La primera reforma establecerá la obligación del deudor alimentario de informar, en un máximo de 15 días hábiles al acreedor alimentario, el juez, o las autoridades responsables, cualquier cambio en su empleo, e instaurar cómo requisitos para la adopción que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en este registro.
En el segundo de los ordenamientos, se propone establecer la obligación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias al Registro Nacional.
Por ello se capacitará al personal de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para tener acceso a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en caso de que un deudor cometa un delito que dañe la integridad de un menor de edad.
Asimismo, se mencionó la propuesta de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para otorgar atribuciones al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para que conforme a lo que establece la Ley General de la Niñez, suministre, sistematice, consulte, y actualice el registro ya mencionado.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia subrayó que las reformas evitarán que niñas y niños se queden en la indefensión, sin que exista una consecuencia por la falta del cumplimento de pago de alimentos que violenta el principio Constitucional del interés superior de la niñez.
Escrito por: Diego R. Ortigoza
