El Congreso local aprobó en comisiones cuatro leyes que forman parte de las últimas reformas secundarias al Poder Judicial, las cuales fueron hechas por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, para agilizar la defensoría y endurecer los filtros contra la corrupción.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia avaló por unanimidad los dictámenes enviados por el Poder Ejecutivo.
En la Ley de Carrera Judicial, se permite la inhabilitación de servidores públicos del Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados, cuando incurran en conflictos de intereses. Con esto, dicho ordenamiento se vincula con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se propone que el Consejo de la Judicatura vigile el actuar de sus funcionarios y que haga mecanismos para atender con perspectiva de género.
Por su parte, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias obliga a la creación del del Centro de Justicia Administrativa, organismo que tendrá la tarea de elaborar otras opciones de litigio. Los métodos alternativos serán para asuntos penales, civiles, familiares, mercantiles y de justicia para adolescentes.
En cambio, con la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política, se especifican las facultades de la Sala Constitucional para atender controversias, previo a un juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esto, se permite la presentación de acciones de inconstitucionalidad cometidas por presidentes municipales o miembros de los ayuntamientos, que afecten a otras autoridades. De igual manera, dicha instancia podrá iniciar procedimientos por las omisiones legislativas del Congreso local, en casos donde los legisladores no hayan votado un tema en algún plazo establecido.
A su vez, se crearía la Ley Orgánica de Defensoría Pública, la cual, ampliaría las obligaciones de los defensores públicos. Dichos ordenamientos fueron turnadas al Pleno para su votación final.
LPR
