Un nuevo conflicto entre locatarios afiliados a la UPVA “28 de Octubre” o Antorcha se suma a la serie de problemas que tiene el Mercado de Amalucan desde 2021, cuando se aprobó la remodelación de sus instalaciones de locales, los cuales no terminan de ser ocupados por la falta de acuerdos entre comerciantes.
Este jueves, la situación que detonó el enfrentamiento del día de ayer, de acuerdo a la organización fue que supuestamente el Movimiento llegó a amenazar a los comerciantes, tras pedirles el pago de 9 mil pesos por pipas y vigilancia en el centro de abasto a 25 personas.
La suma de dinero era el acumulado del tiempo en el mercado necesitó de estos servicios que se brindaron, pues este grupo faltaba por entregarlo y se resistía a hacerlo; asimismo, comentaron que el movimiento quiso tomar el control del lugar.
Al respecto, la Secretaría de Gobernación municipal citó a todos ellos a una reunión este jueves, misma que no pudo celebrarse, porque acusaron que, ambas organizaciones querían entrar, pero se impedían hacerlo, posponiendo hasta nuevo aviso.
Por su parte, el líder Antorchista, Francisco Machorro, acusó que el diálogo con las autoridades no pudo concretarse porque los integrantes de la “28 de Octubre” no se presentaron, atestiguando que ellos fueron los que iniciaron el conflicto y por lo tanto, tenían que apaciguarlos.
De acuerdo a su versión de los hechos, fue la UPVA quienes llegaron a amedrentar a los demás vendedores y a obligarlos a adherirse a ellos y de esa forma, tener la mayoría del mercado de su lado.
Hacen individualización para el reingreso al lugar
Otro de los episodios que causó caos, fue cuando el ayuntamiento cumplió con la individualización de los contratos de luz y con la rehabilitación de la techumbre y pintura, la cual significó una inversión de 12 millones de pesos, recurso que Sedatu tenía que reponer.
No obstante, los comerciantes seguían sin reingresar, por lo que, el 27 de abril, Vía Pública retiró 100 estructuras que estaban en los camellones, pero no todos los que estaban aquí eran locatarios, algunos rentaron los lugares o fueron traídos a base de engaños por la anterior gestión.
Tan solo 35 figuraban en la lista de personas que contaban con sus documentos que acreditaban que formaban parte del centro de abasto y al ocupar los espacios, el 65 por ciento quedó fuera.
Segom reconoce diferencias entre grupos
En enero del presente año, la Secretaría de Gobernación municipal ya se encontraba en diálogo para que se concretara el tema del consumo de luz y si hacía falta, la intervención en infraestructura. Ante esto, el titular de la dependencia, Jorge Cruz Lepe, refirió en la mesa que sostuvo, se pudo percatar de las diferencias que había entre las organizaciones.
Por ello, en diciembre del 2022, el 40 por ciento de los locales se encontraban desocupados y en malas condiciones, todos estaban en el exterior y por la temporada, no quisieron moverse para no perder ventas.
Lo anterior, como resultado de un desacuerdo que se sembró desde enero del 2021 en la administración de Claudia Rivera Vivanco, cuando se propuso intervenir el mercado, que se aprobó por los vendedores, pero no quedaron conformes con la obra.
Para el mes de febrero del 2021, el Implan de la anterior gestión, pretendía la demolición total del centro de abasto como parte de la rehabilitación, lo cual alarmó a los mercaderes y se opusieron aún más porque señalaban que se construiría un centro comercial.
