En Puebla, sólo el 37 por ciento de la población recibió atención médica en instituciones de salud pública (IMSS, Issste, Insabi) en 2022, mientras que el 63 por ciento recurrieron a particulares, por lo que fue el cuarto estado con mayor ocupación de servicios privados.
Lo anterior, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su “Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo”, donde resaltó que, a nivel nacional, las personas atendidas en establecimientos públicos fueron del 43.1 por ciento, por lo que la entidad poblana estuvo por debajo de la media del país.
Por su parte, la entidad con mayor población que recibió atención en centros privados fue Michoacán, con hasta el 66.1 por ciento; seguido de Tamaulipas, con el 63.6 por ciento; mientras que Morelos figuró en tercer puesto con el 63.45 por ciento.
En contraste, Coahuila figuró como el estado con menor población que se atiende en establecimientos privados, con el 42.4 por ciento; seguida de Tlaxcala, con el 42.8; así como Zacatecas, con el 43.7 por ciento.
Puebla, con pocos afiliados a seguro social
En el caso de Puebla, la baja atención recibida en instituciones públicas se debió a que pocas personas están afiliadas a algún seguro, toda vez que, por cada 100 mil habitantes, sólo 27 mil 294 contaban con uno.
De acuerdo con el Coneval, dicho análisis busca conocer la perspectiva de personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados.
En ese sentido, destacó que, el rediseño de la estructura organizacional del Sistema de Salud ha causado incertidumbre en algunos estados al interpretarse como un nuevo esquema de centralización de los servicios de salud con posibles implicaciones en términos de la efectividad de respuesta a las necesidades locales.
Y es que, si bien los servicios de salud deben ser proporcionados de manera gratuita por los sistemas estatales de salud, hay tres factores que limitan el acceso, como asumir los costos de traslado a hospitales especializados, gastos de alimentación y hospedaje para los acompañantes; la falta de hospitales de tercer nivel de atención en algunas entidades; así como la falta de personal suficiente especializado.
Con ello, las personas sin seguridad social podrían tener que desembolsar parte de su ingreso para procurar los servicios de segundo y tercer nivel.
