El activista Omar Jiménez Castro señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza siete juicios de amparo en contra de la empresa Agua de Puebla por mandar a buró de crédito a dos usuarios en la capital y a otros por cobros excesivos y cortes del servicio.
En entrevista con Ángulo 7 Radio, el también exsíndico suplente del gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco, comentó que lo anterior es parte de los procesos jurídicos que se siguen contra la concesionaria por los abusos en los cobros excesivos y los cortes de agua.
Recordó que en abril pasado Jovita y María de Jesús ganaron los juicios de amparo que interpusieron y el juez ordenó a la empresa reconectar el servicio del agua potable y sacarlas del buró de crédito, pues eso no les permite acceder a un préstamo bancario en caso de requerirlo.
Y es que, la firma, lo catalogó como un adeudo fiscal cuando no lo puede hacer, ya que eso solo le toca al Sistema de Administración Tributaria (SAT), Hacienda, el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la Secretaría de Finanzas, como impuesto, pero a una empresa particular no; sin embargo, la concesionaria presentó un recurso de revisión.
“Tenemos sentencias que nos tiene que confirmar la Corte, son siete demandas de amparo por esto que mandó a buró de crédito la empresa, se ganaron los juicios, pero se fueron al recurso de revisión y para confirmar la sentencia tuvimos que adherirnos al recurso que atrajo la SCJN, también estamos anulando los adeudos exorbitantes sin fundamentación”, expresó.
Ministros dirán que es inconstitucional, afirma
Refirió que se espera que los ministros resuelvan en dos meses, pues lo que se busca es que le digan a Agua de Puebla que es inconstitucional que mande a dos personas a buro de crédito porque no es autoridad fiscal y carecer de personalidad jurídica para hacer eso, sobre todo porque no las notificó ni llamó para algún convenio o negociación
Explicó que los otros cinco juicios son por cortes de servicios y por cobros excesivos en donde los usuarios se inconformaron demostrando que la empresa no es una autoridad, no fundó ni motivó los adeudos que está cobrando, pues el juez les dio el amparo, pero al igual que en los otros dos casos, la concesionaria promovió un recurso de revisión y por ello los atrajo el máximo tribunal en el país.
Jiménez Castro comentó que, una vez que la Corte resuelva los dos casos sobre el buró de crédito, que confió que será en forma positiva, presentarán una demanda por la vía civil porque la empresa atentó contra la reputación y buena fe, de las dos personas, sin demostrar ese adeudo, ni ser oídas y vencidas sin antelación.
Y es que, dijo, Agua de Puebla no tiene personalidad jurídica para hacer cortes por adeudos, porque cuando atiende los juicios de amparo lo hace como moral, no persona física, es decir, como una empresa particular, lo que representa que no es una autoridad, sino que en todo caso la tendría que hacer el Soapap.
Van 800 amparos presentados dese 2015
En ese tenor, mencionó que desde el 2015 cuando iniciaron los abusos ha presentado con consentimiento de los afectados alrededor 800 demandas de amparo, pues tan solo en 2022 fueron 150 y en el 2023 van 120 en litigio; del total se ha ganado un 80 por ciento, mientras que el restante no ha concluido por diversas circunstancias, desisten o llegan a un acuerdo.
Consideró que es necesario reformar la Ley Estatal del Agua, ya que en su momento se modificó en beneficio de la empresa, la cual no ha cumplido con lo que se estipuló en la concesión que fue un mejor servicio del vital líquido, alcantarillado y saneamiento, ni tampoco en la inversión.
“No puede ser un tema cerrado revertir la concesión que se otorgó hace 10 años, sino que es falta de voluntad política, es un tema muy manoseado por personas sin conocimiento, hay quiénes si saben de lo que se trata, pero el discurso es que si revocas se va pagar muchos millones de pesos, que la gente se quedaría sin servicios, eso no es así”, declaró.
Por ello, dijo que se debe reformar la Ley Estatal del Agua en la que el principal objetivo sea la tutela de los derechos y restrinja las concesiones, la exploración de pozos y mantos acuíferos sin complicidad ni el cobijo del poder.
