El gobierno de Puebla tiene el turno 219 y está en el cuarto grupo de prelación de los cinco en que se organizan los acreedores del banco Accendo según la ley; en su categoría, la administración estatal tiene el lugar 23 para reclamar los 604 millones 996 mil 131.7 pesos que invirtió en 2021.
Lo anterior, de acuerdo con el cuadro de organización de los 407 acreedores de dicho banco, clausurado en 2021, el se fundamenta en la sentencia de Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos, dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil, de la Ciudad de México, el 2 de marzo de 2023.
El gobierno estatal tiene la tercera cuenta más alta de todos los afectados, por lo que excede el tope que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario para el pago de obligaciones garantizadas en la liquidación de activos.
De acuerdo con los datos de Accendo Banco, en total son 407 acreedores pendientes de pago, de los que el gobierno estatal tiene el turno 219, que en conjunto suman un monto de 5 mil 840 millones 982 mil 324 pesos.
Por ello, la posibilidad de recuperar la inversión que la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) realizó en la institución bancaria en 2021, cuando era gobernador el ahora fallecido Miguel Barbosa Huerta, se ve compleja, principalmente por el universo que falta por liquidar.
Esto, ya que el grado y prelación de los créditos, o sea el orden en que serán pagados los acreedores, queda relacionado en el texto de la sentencia que emitió la autoridad judicial, conforme a los artículos 241 y 242 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Tomando en cuenta esta situación y las cuentas por liquidar, el pago de Puebla dependerá del monto que tenga Accendo Banco tras la venta de sus bienes, ya que las 218 cuentas que están antes de la del gobierno estatal y que son por orden de prioridad, suman 2 mil 508 millones 619 mil 952 pesos.
Además de que de acuerdo con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), sólo se pueden asegurar un monto de liquidación de hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por cliente, que representa un monto de 2 millones 768 mil 169.20 pesos, lo que está muy por debajo de lo que invirtió el estado.
Sentencia no establece fecha para pagar
A esto se suma que tampoco se tiene certeza para que la administración pueda recuperar el dinero, en caso de que haya activos suficientes para cubrir el monto, toda vez la sentencia apenas tiene un mes y no se estableció una fecha en concreto para que se cubra.
Es de mencionar, que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que se emprenderá un litigio para negociar el monto que puede recuperar, lo cual está a cargo de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
LPR
