A cinco meses de la primera vinculación a proceso de un acusado de violencia vicaria, suman apenas dos casos llevados ante un juez; el más reciente, el de Rubén Félix, director del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas en Puebla (IBCJ).
Esto, pese a que Puebla concentra hasta el 10 por ciento de los casos denunciados en el país, es decir, unos 120, según datos de la colectiva Cam-Cai, que acompaña y asesora a víctimas de este tipo de violencia, tipificada como delito, a nivel estatal y nacional.
El 15 de julio de 2022, el Congreso de Puebla aprobó la tipificación de la violencia vicaria como delito, por el cual los sentenciados podrían recibir hasta 10 años y 8 meses de prisión. A nivel federal, el Senado lo aprobó el 7 de marzo pasado.
En octubre del año pasado, Ricardo N, agresor de Andrea Lezama Bonilla, integrante de la colectiva CAM-CAI, que desde hace seis años buscaba recuperar a su hijo, fue el primero vinculado a proceso por violencia vicaria en el país.
Al respecto, Lezama Bonilla señaló en febrero pasado que aún hay obstáculos para la resolución de los cientos de casos denunciados, pues las madres son revictimizadas por la Fiscalía de Puebla o les dicen que no pueden proceder debido a que la Ley contra la Violencia Vicaría entró en vigor el 3 de agosto del 2022.
Félix N, segundo imputado
En audiencia realizada el pasado 29 de marzo, un juez dictó vinculación a proceso contra Rubén Félix N, presunto responsable de violencia vicaria, y le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 10 de enero de 2021, la víctima se encontraba en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, el imputado la corrió de la casa, asegurando que todo lo que ahí había era de él. Además, la amenazó con quitarle a sus hijas y privarla de la vida si pedía ayuda legal.
Aunado a lo anterior, de junio a septiembre de 2021 Rubén Félix impidió que las menores de edad conviven con su madre.
LPR
