De mil 500 casos de violencia vicaria en México, Puebla concentra al menos 150, es decir, el 10 por ciento, de los cuales, en 120, las madres ya iniciaron un proceso legal contra sus exparejas para recuperar a sus hijos, mientras que en el resto no denuncian por miedo o desconfianza.
Lo anterior, de acuerdo con cifras de la colectiva Cam-Cai, que acompaña y asesora a víctimas de este tipo de violencia, tipificada como delito, a nivel nacional.
En entrevista con medios de comunicación, Andrea Lezama, quien también fue víctima, detalló que estos son los registros que se han acercado a ellas, pero señaló que aún hay obstáculos para la resolución de los casos.
La mayoría de las madres que –afirmó– se acercan a denunciar son revictimizadas por la Fiscalía de Puebla o les dicen que no pueden proceder debido a que la Ley contra la Violencia Vicaría entró en vigor el 3 de agosto del 2022.
A raíz de la vinculación de Ricardo N, quien fue el primer procesado por violencia vicaria y es expareja de Andrea Lezama, otras mujeres decidieron pedir apoyo a la colectiva Cam Cai, por lo que les llegaban de 10 a 15 diarios.
Tan solo en 2021, se registraron aproximadamente 30 o 40 situaciones de violencia vicaria, pero a través de campañas y la socialización de “red flags”, fueron madres de familia que se sumaron y para diciembre de 2022, ya había 150 personas buscando acompañamiento.
Existe violación por parte de padres
De acuerdo con Cam-Cai, otro foco rojo es que, en 75 casos, los padres que ejercen violencia vicaria contra las madres alejando a los hijos de ellas también cometen abuso sexual contra los menores.
En Puebla, se han dado 15 casos de violaciones a niñas y niños por parte de los padres. Del último que se tiene conocimiento, ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La organización recordó que, en los casos de violencia vicaria, la tendencia es que los victimarios ejercen violencia física y psicológica previamente contra las mujeres, ya que llegan a realizar su debida denuncia, cuando presentan golpes y moretones en el cuerpo, pues la gran mayoría ya ha pasado por está situación.
Ante esto, son 120 procesos los que se han iniciado pero las 30 restantes aún dudan en levantar una denuncia por miedo a nunca volver a ver a sus hijos e hijas, ya que son amenazadas.
