En diciembre de 2020, elementos ministeriales de Puebla detuvieron a dos personas, contra las cuales cometieron actos de tortura y falta de tutela judicial, por lo que la CDH emitió una recomendación a la FGE para investigar a los agentes y reparar el daño.
Esto, de acuerdo con el documento 31/2023 en el que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) informó que los efectivos cometieron violaciones a los derechos humanos a la Integridad y seguridad personal, aunque no se precisó donde ocurrieron los hechos.
El organismo explicó que de las evidencias que integran el expediente 195/2021, se acreditó que el 16 de diciembre de 2020, la víctima fue detenida junto con otra persona por agentes de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.
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Lo anterior, en cumplimiento a una orden de búsqueda y localización emitida, siendo víctima de actos de tortura en su detención, que le provocaron trastorno psicológico.
Además de que un agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación iniciada por el delito de tortura, determinó el no ejercicio de la acción penal, sin observar las obligaciones del Estado Mexicano para indagar dichos actos.
Por lo anterior, la CDH en su recomendación dirigida al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, proporcione a la víctima una reparación integral, la cual deberá comprender las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
Así como se realicen las gestiones jurídicas, administrativas o las que sean necesarias para que se continúe con la investigación del delito de tortura, se brinde a la víctima, atención psicológica especializada la cual deberá otorgarse de forma continua, gratuita e inmediata, en un lugar accesible y con la previa aceptación de la víctima.
De igual forma, deberá dar vista al agente del Ministerio Público correspondiente para que investigue si los servidores públicos señalados incurrieron en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y se determine lo que conforme a derecho corresponda.
Debe capacitarse a elementos
Así como instruya a los servidores públicos de la FGE, para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a la tutela judicial efectiva.
También, se brinde capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y seguridad personal y a la tutela judicial efectiva, a fin de evitar actos como los anteriormente señalados.
Como parte de las recomendaciones, se debe dar vista al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía, para que determine sobre el inicio del procedimiento y exhortó a las autoridades y personas servidoras pública a tomar acciones que garanticen los derechos humanos de todas las personas.
