Por el corte arbitrario de agua potable a una vecina de San Bartolo del Escobal, en Venustiano Carranza, a quien le exigieron pagar por dos tomas de agua, la CDH pidió al ayuntamiento investigar a los funcionarios que fueron omisos ante la petición de la ciudadana para reinstalar el servicio.
De acuerdo con la afectada, los hechos sucedieron el pasado 10 de noviembre de 2022, cuando acudió a pagar el recibo de agua a la inspectoría de San Bartolo del Escobal, con la persona que fue designada por la comunidad para recibir dichos cobros, pero éste no fue recibido porque le exigieron que pagara lo equivalente a dos tomas de agua debido a que en su casa también vivía su cuñada, pese a que sólo eran cuatro personas las que ahí residían.
Ante la negativa, se retiró sin realizar el pago y, el 23 de diciembre, salió de su hogar para visitar a unos familiares; sin embargo, cuando regresó, el 8 de enero de este 2023, se encontró con que el servicio de agua había sido cortado.
Por ello, acudió con la encargada del cobro de agua para externar su inconformidad, pero el caso llegó a los golpes debido a que su agresora comenzó a comportarse de manera violenta, por lo que tuvieron que intervenir policías municipales.
Por los hechos, la agraviada y su hija pasaron 12 horas en prisión, pese a que fue la otra parte la que agredió, mientras que, al tratar de interponer una demanda ante el Ministerio Público de Villa Lázaro Cárdenas, esta no procedió.
Para buscar justicia, llegaron hasta el presidente municipal de Venustiano Carranza, Francisco Javier Hernández Morales, pero tampoco tuvo reparación del daño y sólo buscaron que ambas partes llegaran a un acuerdo pese a la agresión.
Ante los hechos, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, señaló que, en el caso, se vulneró el derecho al acceso al agua, además de que hubo violación a la seguridad jurídica ya que la denuncia de la agresión no procedió.
Por ello, llamó al ayuntamiento a reinstalar de manera inmediata el servicio de agua, además de dar vista a la Contraloría Municipal para determinar un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que no resolvieron la situación de la ciudadana para imponer las sanciones administrativas pertinentes y subsanar irregularidades.
También, le solicitó capacitar a los servidores públicos en el respeto y protección de los derechos humanos.
