Desde diciembre de 2022, Juana Tapia, originaria de Izúcar de Matamoros, ha enfrentado un viacrucis para legalizar el auto de su mamá, que es de origen norteamericano, sin tener suerte a pesar de que ha acudido en tres ocasiones al módulo que está en el CIS; pide agilizar el proceso.
En entrevista con este medio, contó que la unidad que quieren regularizar es un Nissan, Máxima, que compró su esposo en Minnesota, en Estados Unidos, pero que le vendió a su mamá hace 9 años, por lo que con el programa que puso en marcha el gobierno federal buscan cumplir con dicho trámite.
Por ello, dijo que primero se asesoraron para conocer cómo es el proceso que deben hacer y tener el vehículo en regla, por lo que hicieron una cita para ello en el módulo que se ubica en el Centro Integral de Servicios (CIS), que está en Angelópolis, la cual fue programada para el 31 de diciembre del año pasado.
Detalló que como el auto fue vendido a su mamá ella fue la que acudió al módulo, en donde –afirmó– la atendió un hombre de mala manera y sin tacto, quien sí le recibió sus papeles, pero le dijo que no se podía, ya que tenía que contar con la factura endosada.
Sin embargo, afirmó que no le explicó cómo hacerle y solo le dijo que tenía que ponerle el nombre de la persona que se lo vendió, así como el de ella, pero al ser algo nuevo, pues nunca habían tenido carro, además de que al no ser de la capital, tenía que regresar otro día a pesar de haber hecho cita.
Deben explicar desde el principio, dice
Sin embargo, cuestionó que la hora que le marcaron para atenderla fue las 10 de la mañana y haya sido hasta la 1 de la tarde, es decir, 3 hora después, cuando salieron a informarles que no se iba a poder legalizar la unidad, por qué le faltaban otros papeles, ya que no estaba endosado el título y lo necesitaban, pero sin darle otra alternativa.
“Al ser una persona mayor, pues mi mamá no conoce mucho de estos detalles que pudiera entender, entonces creo que tendrían que explicar de una manera cordial o al menos de una forma más clara para que se pueda entender y poder cubrir lo que tiene que hacer”, asentó.
Esto, comentó, a pesar de que le hicieron pagar los 2 mil 500 pesos que cuesta el trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues para ser atendidos se pide presentar el voucher al momento de la cita, dinero que pensó que le tenían que regresar por no proceder el trámite.
Juana Tapia dijo que llamaron al número de atención que se tiene para los usuarios para hacer alguna cancelación y un correo electrónico en el que mandaron su información para cancelar el procedimiento, sin embargo, no se respuesta positiva, por lo que llamó una semana después y le dijeron que ella no era la propietaria de la unidad y que se comunicará después.
Agregó se había agendado hacer una cita, pero después se la cancelaron, por lo que optó por hacer una nueva programación, la cual tres semanas, que de acuerdo con la información que tiene este medio, fue para el 16 de marzo, a las 10:45 de la mañana y tuvieron esperando a su mamá y otros usuarios hasta las 2 de la tarde cuando les dijeron que no había sistema y que regresarán el martes de esta semana.
Sistema bloquea unidad y no avisan
Comentó que supuestamente ya les habían ordenado los papeles, pero al llegar al módulo de legalización le dijeron que faltaba el recibo de luz reciente de marzo, el cual no les ha llegado, por lo que se lo tuvieron que ver en el sistema, pero después de ello salieron con el argumento que ya ni podía realizarse porque se bloqueó desde el primer intento.
“Todas las veces que ha ido mi mamá, la de diciembre y estás pasadas, ningún carro ha podido entrar y se regresan como van. En la última vez nos dijeron que la primera vez que se hizo el registro el sistema bloqueó el registro del carro y ahora ya no se puede hacer el trámite”, expresó.
Ante esto, recriminó que no les hayan informado que la unidad había quedado registrada en el sistema y que ya ni iba a poder continuar con el trámite, pues contrario a ello tuvieron que acudir en dos ocasiones más y fue hasta la última que les comentaron dicha situación.
Por ello, pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se agilice el proceso, así como se mejore la atención y el servicio, además de que sean claros desde el principio para que las personas no tengan que pasar por el viacrucis como el de ella y que “no anden engañando a la gente”.
Es de mencionar que en un principio se dio como fecha límite para cumplir con dicho trámite el 31 de marzo, es decir, la siguiente semana, pero el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el plazo se amplía al 30 de junio, que son tres meses más.
