La Unión Internacional de Defensores de Derechos Humanos Independientes (Uniddhi) pidió a la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla analizar una verificación vehicular diferencia por regiones, pues “no en todas se contamina igual” y en algunas los campesinos no pueden costear la compra de camionetas que pasen esta prueba; también pidió a Finanzas explicar cómo se gasta lo recaudado.
En entrevista con Ángulo 7, Ángel Manuel López Rafael, integrante de esta organización, señaló que el acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente en el que se dio a conocer el proceso de verificación es para beneficio de esta materia, sin embargo, eso no es solo el cuidado del aire, sino también de los ríos y otros rubros.
“El área metropolitana no contamina a todo el estado. Entonces, la gente que vive en la Sierra Norte, que por su trabajo tenga que viajar a la capital, allá no hay tanto como aquí y entonces porque los están obligando a que verifiquen por igual, debería ser diferentes en estas regiones”, explicó.
Además de que en varias zonas del estado hay personas que tienen sus vehículos de muchos años, que los utilizan para el campo, mismos que no pasan la verificación, situación que tendría que ser tomada en cuenta en este proceso o, en su caso, que les ayuden a renovar sus unidades.
Esto, pues manifestó que no se tiene una medida real para evitar medir la contaminación, ni tampoco se sabe cuánto es lo que aporta la industria, ni que se hace el cobro que se hace ha sido destinado a la protección del medio ambiente o si ha habido acciones para este fin.
Refirió que en una solicitud que hizo a la dependencia, encabezada por Beatriz Manrique Guevara, en la que pidió que informará cómo se hizo el cálculo de los 628 pesos que cuesta el servicio, el cual es para papelería, los hologramas.
Sin embargo, opinó que esto no es creíble, ya que se tuvo que haber hecho un estudio sobre cuál es la amortización del costo, el equipo, por lo que pareciera que es más con fines recaudatorios, ya que son dos al año, es decir, cada automovilista deberá pagar mil 656 pesos.
Costo, de los más bajos dentro de la CAMe
Aseguró que los ciudadanos no tienen suficiente información sobre el destino del dinero recaudado por la verificación vehicular, ya que se cobra a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), que se queda con el 30 por ciento, y el resto va para las empresas que tienen las concesiones.
No obstante, es de mencionar que este monto es de los más bajos que se tiene entre las entidades que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que es una cifra similar a la de la Ciudad de México y Morelos, que cobran 585 pesos.
En cambio, en Hidalgo el costo es de 945 pesos, pero para este año se suspendió; en Querétaro, 960 pesos, en el Estado de México, 962.5 pesos, y en Tlaxcala, de 991 pesos.
Ante esta situación, López Rafael insistió en que debería suspenderse la verificación o que no sea obligatoria, porque mantenerla no abona tanto al cuidado del medio ambiente, mientras no se haga la limpieza de los ríos, se rehabiliten las plantas de tratamiento, así como se llevé a cabo una reforestación de “millones de árboles”.
Habrá 29 verificentros este 2023
De acuerdo con información hecha llegar a este medio, de los 29 verificentros que ya tienen concesiones, de los que 16 están ya operando y 13 lo harán en el segundo semestre del año, la razón social de Carlos Felipe Salomón Aboumrad tiene tres; la de Alfonso Gabriel Galina García cuenta, con tres; Samuel José López Garzón, igual tres y Benito Oroza Cerón, una.
María Luisa García Camargo, tiene tres; William Mike Hedrem López, dos; la empresa Alimentación y Medio Ambiente México una; García y Asociados Ambientales, una; Relever Construcciones, una; José Carlos Barragán Ortiz, una; Ana Rosa Hernández Castro, una y Verificaciones de Emisiones del Río, una.
En tanto, Gestión de Emisiones Urbanas, cuenta con dos; Xcelencia en Verificentros, tiene una; Ecologista y Ambientalismo Metropolitano, una; América Violeta González Tobón, una; Sergio Rossano Castañón, una; Marcos López Castañón, una y Javier Armando Salce Rivera.
LPR
