Norma Estela Pimentel Méndez, exsecretaria de Igualdad Sustantiva de Género, en el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, cometió violencia laboral contra personal de la dependencia durante su encargo, por lo que tendrá que ser investigada por la Contraloría, determinó la CDH.
Esto, de acuerdo con las dos recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH), al ayuntamiento de Puebla, encabezado por el alcalde Eduardo Rivera, por vulnerar el derecho humano a una vida libre de violencia, en su modalidad laboral.
En las mismas se detalla que si bien los hechos fueron durante la administración pasada, la actual tiene que atenderlas, ya que así lo establece la ley, por lo que la Comuna, una vez que sea notificada, tendrá 15 días para informar si las acepta o no.
Lo anterior, derivó de la investigación que llevó a cabo el organismo defensor de derechos humanos, tras las quejas presentadas por los afectados el 12 y 13 de julio del 2021, es decir, hace más de año y medio, toda vez que la exfuncionaria fue designada en el cargo el 16 de junio.
En los documentos, 29/2022 y 30/2022 se detalla que los quejosos manifestaron que desde el momento en que la exsecretaria ocupó el puesto en la dependencia se limitó la comunicación y el contacto social con los trabajadores, se desacreditó su capacidad profesional y laboral, así como se comprometió su salud.
En la 29, presentada el 12 de julio de 2021, uno de los quejosos señaló que Pimental Méndez comenzó a ejercer prácticas autoritarias e intimidatorias, pues inició con entrevistas a puerta cerrada por varios minutos u horas, a trabajadores de la dependencia, en compañía de personas afines a ella, solicitando la entrega de documentación que, supuestamente, les correspondía, bajo amenaza de despido en caso de no contar con ello.
De igual forma, la víctima, que renunció como jefe de departamento, denunció estrés, ansiedad y tensión, ya que la entonces secretaria cortó la comunicación directa y sólo aceptaba reuniones con previa cita, obligaba al personal a regresar a sus oficinas fuera de horario laboral.
Hubo amenazas de sanciones a trabajadores
Señaló que en alguna ocasión lo presionó para que presentara su renuncia, así como fue requerido para que informara a sus colaboradores que las instrucciones de la titular deben ser cumplidas “bajo amenaza” de alguna sanción en caso de perjudicar la imagen de la funcionaria.
Mientras que en la recomendación 30, promovida el 13 de julio de dicho año, la víctima denunció que la exfuncionaria, después de las entrevistas que hizo con ellos, cerró el canal de comunicación con el personal y lo reservó a un espacio que se debía generar con previa cita. Además, no se presentó con todos en general y tampoco dialogó con los trabajadores de todas las unidades.
Otra de las quejas fue que días después de su arribó y, tras una sesión del Comité para Erradicar la Violencia, le exigió acelerar un proyecto relacionado con las sexoservidoras en el Centro Histórico, a lo que el responsable señaló que se tenía un convenio para presentarlo en agosto, por lo no había posibilidad de ello, sin embargo, la exsecretaria le gritó y ordenó entregarlo de inmediato.
A esto se suma que contrató a una persona como encargada de la dependencia, la cual en reiteradas ocasiones dijo que era policía, con el fin de mantener “vigilada” a los trabajadores sobre lo que hacen o dicen, lo cual generó un ambiente de desconfianza entre el personal.
Las víctimas señalaron que Pimentel Méndez buscó priorizar e impulsar su persona, ya que, desde su llegada, implementó una “política institucional de hacer énfasis en que se priorice la imagen de la secretaria”, por lo que se ordenó privilegiar en redes sociales a la extitular.
Es de mencionar que la exfuncionaria ha intentado en dos ocasiones ser comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaipue), se cataloga como activista feminista y actualmente es integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
Deberá repararse el daño
Derivado de lo anterior, al acreditar la violación al derecho humano a una vida libre de violencia, en su modalidad laboral, la CDH en sus recomendaciones ordenó al ayuntamiento actual reparar el daño, por lo que deberá brindar atención psicológica a los agraviados que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas.
Así como se emita una circular para que las personas servidoras públicas de la Presidencia se sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos para que no se repitan los hechos.
Además de elaborar y posteriormente difundir un protocolo de actuación para la prevención y atención de acoso y hostigamiento sexual y laboral, para las personas servidoras públicas, así como su capacitación en materia del derecho humano a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia laboral, acoso y hostigamiento laboral.
Igual tendrá que dar vista a la Contraloría Municipal, para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios adscritos a la Presidencia que intervinieron en los hechos y que de acuerdo a su propia investigación resulten responsables.
