Este martes, más de 100 mil agremiados del SNTE elegirán a las planillas que renovarán las dirigencias de las secciones 23 y 51 del SNTE en Puebla, entre polémica por presuntos por actos anticipados de campaña, irregularidades en las finanzas y usar a supervisores y jefes de sector para proselitismo a favor de aspirantes cercanos a los dirigentes salientes.
La elección será histórica, pues es la primera vez que se realiza mediante voto libre, directo y secreto, como lo estableció la reforma laboral aprobada en 2019.
En total, son 13 las planillas que se registraron como parte del proceso interno y que avaló la representación del Comité Nacional Electoral (CNE), entre ellas algunos que forman parte de las actuales dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En ese tenor, por parte de la sección 51 son ocho las planillas que participan, siendo una de ellas la encabezada por Juan Díaz de León Rivera, quien en su campaña acusó a algunos jefes de sector y supervisores regionales de realizar presuntos actos de proselitismo y no hubo piso parejo.
Lo anterior, con el fin de que supuestamente diversos maestros pudieran salir de sus centros de trabajo para integrarse a concentraciones a favor de diversos candidatos, sin que recibieran un descuento nominal o tuvieran que ocupar sus días económicos para poder viajar.
Por su parte, Virgilio Rodríguez García, otro de los aspirantes, hizo señalamientos de intromisión externa y solicitó el cuidado y la observación de la planilla naranja, toda vez que varios de los directivos y dirigentes casualmente usan este color, imagen y logotipos para “encaminar” a sus candidatos.
Esta planilla está encabezada por Alfredo Gómez Palacios, quien en su campaña se comprometió a visitar las escuelas para conocer las demandas de los agremiados, además de que su proyecto va enfocado a ofrecer una atención cercana, así como transparencia en el presupuesto.
De igual forma, se tienen señalamientos hacia Felipe Neri Morán Álvarez, que aspira igual a dicho cargo, pero que lo acusan de irregularidades como secretario de Finanzas del actual comité y que fue abucheado cuando dio su informe, además de que pudo hacer uso de los recursos para financiar su campaña, ya que se trataría del abanderado oficial.
Los otros cuatro candidatos que igual participan son Salvador Torres Castillo, que sería el alfil del actual dirigente Jaime García Roque; Dinora García Hernández, Juan Díaz de León Rivera y Juventino Sánchez Barrera, este último a fin al exlíder magisterial, Guillermo Aréchiga Santamaría.
Sección 23 igual con señalamientos
En el caso de la sección 23, son cinco los aspirantes, pero ha habido señalamientos de que se busca “fraguar un fraude” a favor del candidato Víctor Ortiz Flores, lo cual sería una acción operada desde el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y de la dirigencia seccional en Puebla.
De igual forma, Marcelino Colmena Villamil, otro de los aspirantes, quien es actual integrante de la gestión que encabeza Alejandro Ariza Alonso, advirtió que no se quedará de brazos cruzados si llega un fraude a las próximas elecciones, aunque ha puesto de argumento que la pandemia por Covid 19 fue el factor que impidió el desarrollo del plan de trabajo.
Juan Carlos Esquivel Bonilla, aspirante disidente, manifestó que desde el aparato gubernamental se tendría injerencia a favor de dos candidatos: Víctor Ortiz y José Luis González Morales, pues desde las secretarías de Gobernación y Educación “meterían manos en el proceso”.
Ambos personajes son miembros de la actual dirigencia, uno como secretario de Créditos y otro al frente del área de Finanzas, a quienes los directores de las escuelas les llevaron maestros para apoyarlos suspendiendo clases. El otro aspirante que igual busca la sección 23 es Roberto Cano Velázquez, que es un docente jubilado.
Es de resaltar que este martes de 28 de marzo, alrededor de 120 mil trabajadores de la educación en Puebla elegirán, por primera vez, a los secretarios generales, así como a sus respectivas planillas, mediante voto libre, universal y secreto, como lo estableció la reforma laboral aprobada en 2019, los cuales serán por una gestión de 4 años.
