Activistas pidieron al Congreso de Puebla agilizar la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, así como que se establezca que los municipios deben estar obligados a implementar políticas públicas en esta materia, pues “hace mucha falta”.
Lo anterior, en rueda de prensa encabezada por Lizeth Mejorada Barrios, de la asociación civil Puebla Vigila, estuvo acompañada de Ingrid Vega, hija de Graciela Domínguez Hernández, quien hace 23 años fue víctima de un siniestro vial cuando se dirigía en una motocicleta con su esposo y fueron atropellados por dos trabajadores de la Cruz Roja en la región de Chignahuapan.
Sobre este caso, manifestaron que si bien tiene “mucho tiempo” qué pasó y ya se tiene una sentencia, pero que no derivó en una pena corporal para los responsables, uno de ellos salió en días pasados en un video hablando de ello, con lo que se revictimizó a la occisa y a sus hijos.
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Y es que, dijeron, a pesar de una investigación que se realizó por oficio bajo los delitos de homicidio culposo, daño a la propiedad privada y lesiones culposas “gracias al nepotismo e influencias” lograron evadir su responsabilidad en el hecho.
“El video del actual funcionario representó un grave proceso de revictimización y violencia a la memoria de la familia Vega Domínguez, específicamente a las hijas de Graciela que quedaron huérfanas de su principal proveedora y cuidadora cuando eran apenas unas niñas, todas menores de edad”, agregaron.
Los responsables de tal siniestro fueron Jesús Escamilla, quien era conductor, y Eyvar Márquez, quienes se encontraban en estado de ebriedad e iban a exceso de velocidad, éste último actual delegado de la Cruz Roja en la región y familiar del presidente de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez.
Por lo anterior, señalaron que no piden que se reabra la carpeta de investigación, ya que el caso fue cerrado desde el 2003, luego de que se pagaron los involucrados 7 mil pesos para no ir a la cárcel, exigieron que se dé una disculpa pública por el proceso de revictimización.
De igual forma, pidieron a la Cruz Roja que evalúe a las personas que trabajan en la institución, pues ambas siguen laborando a pesar de estos señalamientos en su contra.
Necesario una política en los municipios
En ese tenor, Mejorada Barrios pidió que se agilice la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que se sigue discutiendo en el Congreso local, pues es necesario tener este ordenamiento en Puebla, luego de que se aprobó hace más de un año la Ley General.
Además, pidió la creación de una Política Pública Municipal para la Disminución de Muertes Viales en los municipios de Chignahuapan y Zacatlán, toda vez que, si bien la mayor parte de los accidentes son en la zona metropolitana, al interior del estado igual se registran estos hechos.
