El próximo 30 de agosto en la capital poblana arrancará la primera consulta pública, a fin de conformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
Lo anterior, se dio a conocer en la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso Local, dónde la diputada Silvia Tanús Osorio destacó que dicha ley permitirá la colaboración activa de las personas con discapacidad, en materia de Movilidad y Seguridad Vial.
El aérea jurídica de la Comisión abundó que la primera consulta será en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, el 30 de agosto a partir de las 9:00 horas; la segunda será el 6 de septiembre, en el municipio de Tehuacán, en el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza.
La tercera se realizará el 13 de septiembre, en el municipio de Izúcar de Matamoros, en el Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas, y la última se llevará a cabo en el municipio de Zacatlán, el 20 de septiembre, en la sede del Ayuntamiento.
Al respecto, Silvia Tanús señaló que se buscó que los lugares donde se llevarán a cabo las Consultas tengan mayor accesibilidad y las mejores condiciones para las y los participantes con discapacidad.
Asimismo, se dio a conocer que para mayor comprensión y accesibilidad para las personas con discapacidad se generaron materiales, como son: la síntesis del proyecto, materiales con lectura fácil, impresión en braille, así como videos en Lengua de Señas Mexicana, con audio y subtítulos.
En rueda de prensa posterior a la sesión de la Comisión de Transportes y Movilidad, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, detalló que se puede participar de tres formas: presencial, al acudir a alguna de las sedes ya mencionadas; a distancia través de videoconferencia; y de forma documental, por escrito, mediante un video o audio.
La convocatoria a la Consulta Pública está dirigida a personas con discapacidad; niñas, niños y adolescentes con discapacidad; familiares de personas con discapacidad, sus representantes legales o personas encargadas de su cuidado o atención; organizaciones de personas con discapacidad; sociedad civil, organismos públicos y privados e instituciones educativas cuyas competencias se vinculen con la discapacidad y a la ciudadanía en general.
