Defraudados de AE Capital en Puebla exigieron al Poder Judicial que no haya impunidad en el caso, toda vez que este miércoles se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso o no, en contra de Daniela Martín Berlín Tolentino, una de las dueñas de la financiera.
Por este caso, son alrededor de 2 mil personas las afectados de la entidad poblana, la Ciudad de México, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco, a través de un esquema Ponzi, que es una forma de estafa piramidal en el que atrae inversiones pagando utilidades a los inversores anteriores con fondos de nuevos.
Ante este escenario, Ciro Ramírez, uno de los afectados, junto con la abogada Eliana Bonilla Carmona en rueda de prensa, señaló que este miércoles se realizará la audiencia a las 2 de la tarde en la Casa de Justicia de la 11 Sur, en donde se definirá la situación legal de la imputada.
Sin embargo, solo es una de los responsables, ya que igual están su esposo Luis Antonio Echavarría Fonseca, ambos dueños de AE Capital, junto con Gabriel Antuán Ortega Vázquez y Roberto Trujillo, que –dijo– se encuentran prófugos de la justicia.
“El motivo es que Daniela Berlín está detenida desde el jueves de la semana pasada y esperamos que mañana en la audiencia que tenemos pueda ser ya vincula a proceso, ya que el abogado José Honorio Sainz tiene un nivel de corrupción muy alto y solicitamos al Poder Judicial que no se deje sobornar”, expresó.
Agregó que este posicionamiento lo hacen debido a que el abogado de la detenida fue visto en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), razón por la cual exigen “que no se vaya a vender y que haya justicia” para los 2 mil afectados y que siga el proceso legal en contra de los otros responsables.
Suman 2 mil personas afectadas
“Lo que se pide a las autoridades es que este caso no quede impune, y que se pueda recuperar el patrimonio de los afectados, que son más de 2 mil los afectados. Es un fraude bastante extenso porque es a nivel nacional”, asentó.
Fue en 2015 que surgió AE Capital en el mercado como una Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV), en la que ofreció intereses de 3.3 por ciento mensual, con un capital inicial mínimo de 100 mil pesos, lo que lo hizo una oferta atractiva para los inversionistas, pese a que no contaba con los permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Sin embargo, en marzo de 2020 la financiera detuvo por completo los pagos a los inversionistas que querían recuperar su capital o rendimientos, mismos a los que les dio pretextos y largas para evitar darles su dinero, incluso hasta desmontó sus oficinas para evitar ser auditada.
Por ello, para febrero de 2021 se integró la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por fraude. En agosto del mismo año, se ejercitó acción penal contra los dueños de la empresa y quienes resulten responsables.
LPR
