El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aclaró que no hay dolo sobre la información difundida del crédito fiscal de 722.3 millones de pesos con el SAT, pues lo que se ha hecho público es por un ejercicio transparente y si el pago no se hizo fue por desconocimiento.
En rueda de prensa, desde el Centro Integral de Servicios (CIS), el mandatario poblano manifestó que es respetuoso de todas las posturas y señalamientos que se han dado desde diferentes sectores, aunque enfatizó que la única versión oficial es la que emita el gobierno.
Esto luego de que fue cuestionado sobre el amplio comunicado que difundió en su cuenta de Facebook la viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, María del Rosario Orozco Caballero, quien señaló que había dolo, en torno a los que han criticado la gestión de su esposo por este tema y la inversión fallida de 606 millones de pesos en Accendo Banco.
En respuesta a lo mencionado, el titular del Poder Ejecutivo consideró que este tipo de señalamientos por otros actores, tendrían intenciones políticas, sobre todo porque en el próximo año se tendrán elecciones en Puebla y se renovarán todos los cargos, por lo que incluso previó que seguirán.
“Nosotros hemos sido muy precisos y claros en este tema, somos muy respetuosos de los señalamientos y opiniones que han surgido, en materia normativa para el gobierno no es su labor sacar juicios de otras gestiones cuando se tiene instancias de fiscalización y revisión del manejo de los recursos”, expresó.
Crédito fiscal deriva de 5 auditorías
Dijo que en el caso del adeudo de los 722.3 millones de pesos derivó de cinco auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en las que se detectó la omisión de una contribución en el periodo 2020-2022.
Explicó que en su momento se trató de una determinación nueva que impuso la autoridad fiscal, de la cual no se tenía “claridad” por el concepto de despensa a servidores públicos, pese a que esta es una prestación que históricamente ha estado libre de gravamen y que después se generó ante el desconocimiento que había.
“No estoy diciendo que se lo robaron, que quede claro, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos, es por eso que Hacienda lo determina como un crédito fiscal, nosotros lo decimos con sustento y de forma clara para transparentar el ejercicio público en lo que respecta al gasto” expresó.
No hay persecución contra alguien
En ese tenor, Céspedes Peregrina comentó que derivado del proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), el gobierno estatal emprenderá acciones legales por los 606 millones de pesos invertidos en Banco Accendo, pero enfatizó en que no se trata de una persecución, pero tampoco pueden ser omisos, ya que eso también es un delito.
Refirió que la Secretaría de la Función Pública practica una auditoría específica sobre la inversión que se realizó en la administración de Miguel Barbosa Huerta para emprender las acciones jurídicas correspondientes, a fin de resarcir la afectación a las finanzas estatales, luego de que la institución crediticia se declaró en quiebra y actualmente enfrenta un proceso de liquidación con sus acreedores.
Y es que, dijo, de no haber actuado al respecto, esta situación irregular se vería reflejada en el informe de la cuenta pública del Poder Ejecutivo, además de que continuarían incrementándose los recargos y como mandatario está obligado a emprender acciones y darle seguimiento al caso.
Posturas políticas seguirán saliendo
En ese sentido, indicó que se agotarán los procedimientos e instancias correspondientes para “esclarecer las acciones acontecidas” y, en su caso, fincar “las responsabilidades en las que hubiesen incurrido los funcionarios competentes” si así hubiera ocurrido.
El gobernador manifestó que las posturas o señalamientos político-partidistas que se han visto en los últimos días seguirán saliendo por el año electoral que se acerca, por lo que hizo énfasis en que la única oficial que se tenga es la que den como postura de gobierno y trascendido o columnas, por lo que llamó a la madurez y prudencia.
“No nos toca, ni nos corresponde a nosotros juzgarlos, pero entendamos este tema, que la omisión también es un delito, entonces, nosotros tenemos que dar cuentas claras de qué es y cómo encontramos en su momento la hacienda pública, del periodo que sea”, apuntó.
